La construcción avisa de que faltan un millón de viviendas en España

España necesita un millón de viviendas nuevas para solucionar la acuciante crisis de oferta que atraviesa el sector. ¿Para cuándo? «Para ahora» , según ha enfatizado esta mañana Julián Salcedo, del Consejo General de Economistas (CGE), durante una mesa redonda que ha compartido con la patronal de los promotores y constructores y Fedea. Su estimación duplica la última previsión del Banco de España, que en octubre del año pasado cifró en 500.000 las viviendas que hacían falta en nuestro país. En cualquier caso, son dos cifras que expresan más un deseo que cualquier otra cosa, si se tiene en cuenta que en 2023 el sector de la construcción solo fue capaz de construir 109.000 unidades nuevas . La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha hecho los cálculos: a este ritmo, para 2039 el déficit será de tres millones.Esta perspectiva funesta es la que esta mañana ha reunido a la patronal de promotores y constructores, al Consejo General de Economistas y a Fedea, el ‘think tank’ de las grandes empresas españolas. La conclusión de los expertos, no podía ser otra, ha sido que falta oferta. Entre las razones han apuntado a la insuficiente financiación , la inseguridad jurídica, la falta de mano de obra, y, sobre todo, la disponibilidad de suelo, que no es lo mismo que escasez. Noticia Relacionada estandar No El euríbor recupera la senda bajista y abarata las hipotecas más de 1.200 euros Xavier Vilaltella En febrero el indicador se ha situado en una media del 2,407% tras la subida de enero, que rompió con once meses de descensosRecientemente, APCEspaña publicó un informe en el que denunciaba que, de media, en España se tardan 16 años en cambiar la calificación de un suelo para que pueda ser urbanizable. Las razones de este retraso son variadas, pero la principal de ellas es el propio redactado de la ley, que obliga a empezar desde cero el proceso de recalificación cada vez que se produce una impugnación favorable . Como ha explicado Julián Salcedo, muchas veces esas impugnaciones acaban en el Tribunal Supremo -con el consiguiente retraso añadido-, donde los jueces se ven obligados a declarar la nulidad de todo el proceso. Pasado este viacrucis llega el momento de las tramitaciones administrativas ‘ante’ y ‘post’ construcción, que a veces pueden tomar tanto tiempo como levantar el edificio, según ha explicado Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña. Lo sorprendente -y exasperante, tanto para los constructores como los economistas del CGE- es que en España existe consenso en torno a la necesidad de la aprobación de una nueva Ley del Suelo que resuelva los defectos técnicos de la actual. A pesar de ello, la propuesta de Ley del Suelo del PSOE ya acumula dos fiascos en el Congreso mientras el PP ha presentado una norma equivalente en el Senado que con toda seguridad tampoco saldrá adelante. Tanto Vilajoana como Salcedo han coincidido, ambas propuestas legislativas son parecidas en lo fundamental, con la diferencia de que contienen ‘extras’ para «el juego político», ha denunciado el primero, que pide «responsabilidad» a los políticos. En lo que refiere al suelo, Salcedo ha ido más allá al apostar por la liberalización, a pesar de que «el Gobierno central no quiera oír hablar de ello». «Argumentan que es para generar plusvalías para unos pocos, pero vivienda necesitamos todos», ha afirmado, además de añadir que dicha liberalización, que por otra parte defiende que se haga respetando los criterios de sostenibilidad, es especialmente urgente en los lugares más tensionados. En la Comunidad de Madrid, ha recordado, el 50% del suelo está protegido, circunstancia que, según este experto, puede hacer que con apenas 200.000 viviendas nuevas el terreno urbanizable se reduzca hasta menos del 5%. Hasta aquí en lo que respecta al suelo, porque la lista de demandas sigue, por ejemplo con la fiscalidad. «El 25% del precio de una vivienda son impuestos, más de lo que se grava a un producto de lujo», ha enfatizado Vilajoana, por eso la patronal que preside pide revisar la tributación de las entidades acogidas al régimen de arrendamientos, analizar la fiscalidad del IVA en operaciones de vivienda asequible y establecer un IVA reducido del 4% en la venta de vivienda asequible para jóvenes.