«Pese a la especial protección del derecho a la libertad de expresión y la interpretación restrictiva de sus limitaciones, esta no puede prevalecer sobre el derecho al honor, incluida la reputación profesional (…). Los calificativos empleados y la opinión sobre la parcialidad del juez son claramente ofensivos e innecesarios para transmitir su opinión o valoración crítica sobre la actuación del demandante como juez, faltando, por lo tanto, el requisito de la proporcionalidad».Así se pronuncia la Fiscalía del Tribunal Supremo en el escrito de contestación a la demanda presentado por el juez Manuel García Castellón contra la diputada y dirigente de Podemos Ione Belarra , a la que pide que se condene a indemnizar al magistrado con 20.000 euros por llamarle prevaricador.En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la fiscal Lourdes Rodriguez Rey recuerda que la libertad de expresión no comprende un «ejercicio ilimitado, de manera tal que las personas sobre las que se dirigen dichas censuras, opiniones o pensamientos puedan ser libremente vejadas, vilipendiadas (…) en su fama, prestigio o autoestima».Se refiere así la fiscal a dos textos que Belarra publicó el 2 y 20 de septiembre de 2024 en la red social X. En uno de ellos decía: «Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España , se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza».En un segundo comentario días después la diputada apostillaba: «García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos . Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir seguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena«.«Desacreditar, desprestigiar y descalificar»A su juicio del Ministerio Publico, estos mensajes no tenían otro motivo que «desacreditar, desprestigiar y descalificar personal profesionalmente al demandante con ocasión de su jubilación».«No cabe duda que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor», señala la fiscal, quien recuerda, además, la gran capacidad de difusión de X.«Ninguna descripción de hechos, relación de datos, salvo el de la jubilación del demandante, consta en las publicaciones, por lo que se entiende que estas carecen de la mínima base fáctica que pueda justificar la intromisión en la esfera del honor del demandante en este supuesto concreto».Rodriguez Rey considera « excesivo y desproporcionado» cuantificar el daño moral al magistrado en 240.000 euros, de ahí que considere suficiente los 20.000 citados. Eso sí, pide que se condene a la demandante a publicar el contenido de la sentencia íntegra (y no solo el encabezamiento y fallo) «dada la especial condición de las partes (su relevancia pública), el objeto del procedimiento y la difusión que las publicaciones han tenido».
Leave a Reply