Como cabía esperar, el PSOE y Sumar han vuelto a imponer su mayoría en la Mesa del Congreso este martes, con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, para que la proposición de ley para delegar competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña supere el primer filtro. El PP y Vox habían pedido que la iniciativa de los socialistas y los independentistas de Junts no se admitiese a trámite, porque según estos partidos es inconstitucional al tratarse de una competencia reservada al Estado. Pero las formaciones del Gobierno han hecho oídos sordos a sus reclamaciones.La decisión estaba ya tomada antes del inicio de la reunión de la Mesa del Congreso, donde los cinco diputados de PSOE y Sumar en el órgano habían acordado, antes de escuchar los argumentos del PP, permitir la tramitación de la ley orgánica con la que el Gobierno cumple la promesa que le hizo al prófugo Carles Puigdemont en enero del año pasado. Los letrados de la Cámara Baja, a las órdenes de Fernando Galindo, quien fue nombrado justo antes de la calificación de la amnistía y procede de un puesto en el Ejecutivo, se han limitado a emitir una nota favorable a la tramitación, a pesar de que Vox había enviado un escrito formal reclamando un informe jurídico detallado sobre la constitucionalidad de la norma. El grupo de Santiago Abascal también había pedido la recusación del letrado mayor, pero ambos extremos han sido rechazados con el criterio de PSOE y Sumar.Lo habitual es que todas las iniciativas sean calificadas favorablemente por la Mesa del Congreso, el órgano rector de la actividad parlamentaria, salvo que entren en una contradicción palmaria con la Constitución. Los precedentes de esta legislatura eran poco favorables a las tesis de PP y Vox porque los letrados ya permitieron la tramitación de la ley de amnistía al ‘procés’, a pesar de que este mismo cuerpo, con otro jefe al frente, recomendó inadmitir a trámite una proposición muy similar la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez no necesitaba los votos de Junts para gobernar, por considerarla inconstitucional. Entonces el PSOE opinaba igual y unió sus votos a los del PP para cerrarle el paso a las aspiraciones separatistas. Ahora, todo ha cambiado.En el caso de la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, que PP y Vox estiman inconstitucional, ni siquiera ha habido un informe. Fuentes cercanas a la Mesa aseguran que los letrados apreciaban decenas de antecedentes en los que se admitieron a trámite leyes que planteaban traspasos de competencias de toda índole sin problema.(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)
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