La información respecto a las prácticas que, según varios oncólogos, lleva a cabo Atrys Bienzobas a la hora de intermediar en la prescripción de tratamientos caros contra el cáncer también preocuparon hondamente este lunes en el colectivo de los funcionarios, ya que aquellos que se encuentran acogidos a concierto no pueden cambiarse a mitad de año a la Sanidad pública si así lo desean. En conversación con ABC, fuentes oficiales de CSIF, el sindicato mayoritario en las administraciones públicas, reclamaron la intervención del Ejecutivo y pidieron que se inicie una investigación sobre las prácticas que denuncian los oncólogos y que destapó ABC en exclusiva este lunes. «La prestación sanitaria concertada de los funcionarios mutualistas es responsabilidad del Gobierno y la denuncia que se ha hecho es muy grave », señalaron. Además, adelantaron que elevarán el caso al próximo Consejo General de Muface que se celebrará a finales de esta semana o a principios de la próxima.Noticia Relacionada estandar No Vídeo Así se intenta rebajar el coste de los tratamientos oncológicosEn sus denuncias, varios oncólogos aseguran que la intermediación de Atrys Bienzobas ha propiciado que se dificulte el acceso a tratamientos caros pero habituales en la Sanidad pública, y se presione a los médicos para que prescriban tratamientos más baratos pero menos adecuados para ese enfermo. Ante esta situación, estos médicos aseguran que hay enfermos que recurren a la Sanidad pública para poder recibir esos tratamientos. Sin embargo, este cambio no pueden hacerlo de manera inmediata los funcionarios que se acogen cada año al concierto sanitario y que renuncian a la Sanidad pública durante ese año para acceder a una cobertura que prestan aseguradoras privadas. En caso de querer acudir a la Sanidad privada, los funcionarios y sus familias deben esperar a la ventana ordinaria que se abre cada enero o solicitar un cambio por vía extraordinaria, que debe ser autorizado y no está asegurado. Así se intenta rebajar el coste de los tratamientos oncológicos ABCAtrys Bienzobas niega las acusaciones de los oncólogos y asegura que su labor se ciñe a realizar «recomendaciones» y que el médico «tiene siempre la última palabra». En el caso de los funcionarios, subrayan que el concierto obliga a las aseguradoras a atender a los funcionarios en las mismas condiciones que en la Sanidad pública, y niegan que ningún enfermo haya tenido que cambiarse de sistema por su intermediación. «Hubo que pegar toques»Mientras la situación se aclara, desde CSIF muestran preocupación y recuerdan que llueve sobre mojado por la incertidumbre que generó la caducidad del concierto con Muface a finales de 2024 sin que existiera acuerdo para su renovación. En este sentido, este sindicato denuncia que durante ese periodo «detectamos que las aseguradoras que prestaban el concierto ponían todas las trabas habidas y por haber a los mutualistas, aunque de manera muy sutil. Por escrito no, pero sí por vía telefónica, o no cogían llamadas o de entrada se denegaban pruebas, tratamientos, incluso intervenciones quirúrgicas de todo tipo», asegura.En esta línea, CSIF asegura que comunicó esta situación al Consejo de Muface y le pidió que interviniera ante las compañías. «Había que pegar toques para que los tratamientos siguieran adelante . Hablo de todo tipo de especialidades», añade. En cuanto a los enfermos oncológicos, subraya su «preocupación» ante la posibilidad de perder tratamientos por la caducidad del concierto, a lo que se añade ahora la intranquilidad por las denuncias realizadas por los oncólogos en ABC.
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