Otra vez ‘ in extremis ‘ y otra vez con Junts . El particular día de la marmota de la legislatura se volvió a vivir este martes, con la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto ley con el que el Ejecutivo pretende solventar una difícil papeleta , que se arrastra desde hace tiempo, y que no es otra que el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados, más de 4.000, que permanecen en Canarias, tensando la capacidad de acogida de las islas. Y de paso seguir despejando un camino incierto, pero que Pedro Sánchez pretende llevar a término, hasta 2027, aun sin presupuestos generales del Estado, que ni siquiera están presentados en las Cortes. El nuevo acuerdo con los de Carles Puigdemont permitirá, de convalidar el Congreso en un mes el decreto, que este miércoles se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aliviar los servicios insulares mediante una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, la misma que en julio del año pasado tumbó la Cámara Baja con el voto en contra de la oposición y también de Junts.El Gobierno confía , según explican fuentes del Consejo de Ministros, en que eso sea así a pesar del rotundo rechazo manifestado este mismo martes por los presidentes autonómicos del Partido Popular (PP), once de los diecisiete, a aceptar unos criterios de reparto que benefician, en esta ocasión, a Cataluña y al País Vasco por delante de otras autonomías gobernadas por los populares, muy singularmente la Comunidad de Madrid . Los barones populares agotarán las vías judiciales contra lo pactado con los separatistas.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno niega un reparto de menores a medida para Cataluña y desmiente las cifras de Junts: «Ahora mismo no existen números oficiales» Inés Ruiz-Jiménez El Ejecutivo asegura que las proyecciones anunciadas por los neoconvergentes no son oficiales y no se sabrán hasta finales de este mesA la espera de cifras más concretas (las autonomías tienen hasta el final de mes para presentar los datos de los inmigrantes que ya acogen) se produjo una cierta guerra cruzada sobre las mismas. Junts –como siempre llevando la voz cantante a la hora de comunicar los acuerdos con el PSOE– habló de que Madrid debería acoger a más de setecientos de esos menores y Cataluña, en cambio, a treinta como mucho. Todo ello basado en criterios que, además de la población o la riqueza de cada autonomía, ponderan el esfuerzo previo de cada región a la hora de acoger inmigrantes, las plazas de acogida, bajo el baremo de que se disponga de una plaza por cada 2.500 habitantes , y la tasa de paro de cada comunidad. «O miente…»Aun así, a muchos no les salían los cálculos. No desde luego en los Gobiernos controlados por el PP. «O miente Junts o miente el Gobierno, porque el primer y más importante criterio para el reparto es el de la población, que pesa el cincuenta por ciento, y así parece difícil que Cataluña se lleve solo veinte o treinta», señalaban desde la Consejería de Políticas Sociales de una autonomía que no es Madrid. Pero tampoco parecía tenerlas todas consigo el propio Ejecutivo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para ofrecer detalles del acuerdo, evitó dar carta de naturaleza al dato aireado por Junts asegurando que esos números los «habrán hecho ellos» porque «conocen perfectamente los datos que maneja esa comunidad autónoma de la que participan políticamente», pero que en ningún caso se corresponde con cifras oficiales, ya que las tablas no estarán completas hasta que se convoque la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se presentará a las comunidades autónomas el número definitivo de plazas que deberán habilitar. Las comunidades autónomas tienen hasta final de mes para actualizar las cifras de los menores que ya acogenEs importante ese último verbo, ‘deberá’, porque si antes el sistema de acogida de infancia inmigrante era voluntario y a demanda, ahora adquiere rango de ley, por lo que se puede debatir en dicho cónclave, pero en ningún caso los territorios se podrán negar a llevarlo a cabo. El titular de Política Territorial matizó que el decreto que entra este miércoles en vigor no contempla sanciones para los Gobiernos regionales si se encuentran con su oposición, pero la ministra de Juventud e Infancia, una de las voces cantantes de este acuerdo, ahondó en que ahora el sistema de acogida se sitúa en un marco de obligado cumplimiento que tiene que ver con el fenómeno migratorio y la saturación de la ruta canaria. Aunque este acuerdo es un importante paso para responder a las súplicas del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que lleva meses tutelando en solitario a 6.000 menores, lo cierto es que se prevé que las comunidades autónomas cuenten con un margen de un año para prepararse para recibir este traslado impuesto. Cuando haya cifras oficiales encima de la mesa los barones regionales dispondrán de ese periodo y de una dotación que acompaña el decreto de cien millones de euros para dimensionar sus sistemas de acogida. Según las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Juventud e Infancia, y que adelantó ‘elDiario.es’ , en el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana deberían habilitarse cientos de plazas.Nogueras celebra la corrección de «una desigualdad histórica» y los populares ironizan por el reparto: «El algoritmo de la xenofobia»La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras , convocó a los medios en el patio de la Cámara Baja a mediodía pese al diluvio que caía en Madrid a esa hora. La lluvia obligó a trasladar el lugar de la comparecencia y la diputada independentista buscó acomodo en un pasillo por su negativa a utilizar las salas de prensa, presididas por la bandera de España y la de la Unión Europea. En apenas unos segundos, despachó que esto corregía «una desigualdad histórica», otra más en su argumentario, con Cataluña, que, en sus palabras, había hecho un esfuerzo previo «gigantesco».No si no hay «garantías»El pacto se encontró con la oposición inmediata del PP , que trasladó que las regiones donde gobierna –en la línea del pacto presupuestario cerrado la víspera entre Carlos Mazón y Vox en la Comunidad Valenciana–, se negarán a acoger a los menores inmigrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías». La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, criticó en Zaragoza la desigualdad entre los niños que, según Junts, recibirán Cataluña y Madrid. «El algoritmo de la desigualdad y la xenofobia», resumió. «Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña, que es lo único que les preocupa, al parecer», complementó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado.
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