Juan Abarca (Madrid, 1971) es médico, abogado y empresario. Preside HM , uno de los principales grupos de hospitales de España, pero en esta entrevista prefiere hablar como responsable de la Fundación Idis , la entidad que aglutina a hospitales y aseguradoras. Da un paso al frente para defender al sector privado tras las denuncias, desveladas por ABC, de oncólogos que se sienten presionados para prescribir los fármacos menos costosos en contra de su criterio médico. «Si hay presiones, son casos acotados y suceden tanto en la sanidad pública como en la privada», defiende. —Tal y como hemos desvelado, esas presiones se realizan a través Atrys Bienzobas, una empresa intermediaria contratada por varias compañías aseguradoras. ¿Conocía usted esta práctica?—Atrys es una empresa que, entre otras muchas cosas, presta servicios de asesoramiento a las aseguradoras en función de supuestamente criterios de coste efectividad y evidencia clínica para autorizar tratamientos. —¿En ningún momento llegó a oídos del sector ese malestar creciente de los oncólogos?—La presión existe desde que alguien dice que no autoriza o que no cree que tenga que autorizar un determinado tratamiento en un determinado caso. Esto ocurre tanto en la Sanidad privada, como en la Sanidad pública. No sé hasta qué punto llega ese grado de presión ni tengo por qué pensar que se hayan incumplido criterios de la ‘lex artis’. No se puede generalizar lo que ha ocurrido. No se puede decir que toda la oncología de la Sanidad privada esté bajo esos modelos de presión o siguiendo esos criterios. Entiendo que son las aseguradoras las que tienen que velar y los oncólogos estar de acuerdo en los protocolos. Si no estás de acuerdo con lo que te proponen lo normal es no trabajar con ellos. Y si crees que se le están restando oportunidades a los pacientes lo normal es denunciarlo: primero a la aseguradora y segundo en el juzgado porque si estos casos son reales son delictivos. Si esto ocurre en algunos casos, no quiere decir ni muchísimo menos que ocurra en todo el sector privado. Atendemos al 30% de los pacientes oncológicos de este país. Y afortunadamente la mayoría ellos son tratados según los últimos protocolos clínicos aprobados. Si hay errores o casos que no deberían pasar, son acotados, no es la mayoría y suceden tanto en la sanidad pública como en la privada. No conozco los casos, tendrán que hablar la empresa y las aseguradoras, si lo consideran oportuno.«Atendemos al 30% de los pacientes oncológicos del país. La mayoría son tratados con los últimos protocolos clínicos»—En los casos denunciados vemos que frente a la terapia aconsejada, Atrys propone otra más económica. Quien lo decide es un asesor oncológico que no se identifica. En el mejor de los casos es otro oncólogo que nunca ha visto al enfermo, un farmacéutico o puede que un algoritmo. Como experto, ¿considera esto una buena práctica?—No, esto no podría ser nunca una buena fórmula, pero no sé hasta dónde llega. Detrás de Atrys hay oncólogos que tendrán unos protocolos clínicos. Si fuera un algoritmo de inteligencia artificial el que decidiera, estaría yendo en contra de la ley, expresamente. Eso es un delito y por tanto también habría que perseguirlo. Pero la libre prescripción del médico tiene limitaciones. El médico es el que manda pero sometido a criterios de coste y efectividad tanto en la Sanidad privada como en la pública y en la concertada. La libertad de indicación de los profesionales tiene limitaciones hasta por la propia ley del medicamento, por si está financiado un fármaco o no. Y eso implica que a veces ves protocolos y fármacos financiados en unos hospitales y no en otros. Esto no quiere decir que la sanidad pública lo esté haciendo mal sino que el límite del que hablamos es muchas veces muy poco claro. Aquí se ha podido llegar a deducir que el sistema sanitario privado solo mira por el punto de vista económico. Y el primero que se rige por cuestiones de coste y efectividad es el Ministerio de Sanidad. Tenemos 660 días de retraso para la autorización de nuevos fármacos. —En los casos que hemos denunciado los fármacos que se obstaculizaban en la privada se prescribían ya en la pública.—Puede ser. Puede haber errores, igual que en un momento determinado hay médicos que se equivocan en una indicación. Esto no es una ciencia exacta. Yo también conozco casos que se salen del protocolo de la sanidad pública y acuden a la privada para ver si se les puede hacer alguna acción terapéutica. No por ello estoy diciendo que la pública esté abandonando a los enfermos. —Además de presidir IDIS también lo hace en uno de los grandes grupos hospitalarios de España. ¿En sus centros operan los protocolos de Atrys?—HM Hospitales prioriza los criterios y protocolos de mis oncólogos. Tengo meridianamente claro que si en un momento determinado no se nos permite trabajar con un paciente en base a la libertad que consideran nuestros oncólogos, que además son protocolos corporativos aplicables a todo HM hospitales, yo no trabajo con la compañía. Directamente.«Si las denuncias son ciertas, la Sociedad Española de Oncología Médica ha tardado mucho en investigarlas»—¿Le parece oportuna la investigación que ha abierto la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) sobre el caso Atrys?—La Sociedad Española de Oncología Médica ha tardado mucho, si realmente esto es así. Debería haber actuado antes, como en muchas otras cosas. Como por ejemplo, no permitir que en unos hospitales se permitan unos protocolos y otros no. Atrys no funciona desde ayer: compró Bienzobas hace dos años y Bienzobas funcionaba desde hace muchos años. Que ahora la SEOM se eche las manos a la cabeza diciendo que lo va a investigar… Para eso sirven las sociedades científicas, para velar por la calidad asistencial, además de financiar la formación y gestionar los dineros de la industria. Y los colegios profesionales están aquí para proteger a los pacientes, no a los médicos. Son los que tendrían que velar por la lex artis, como hacen en Estados Unidos a través de la AMA. —¿IDIS va a investigar también?—No, IDIS no está para eso. Su misión es intentar poner en valor el sistema sanitario privado y que el sistema funcione lo mejor posible para todos los españoles. Lo que queremos es que si hay alguna irregularidad, salga, se resuelva, se aclare y no vuelva a ocurrir.«Los contratos por cápita se deben eliminar. No se debe trasladar el riesgo a un tercero»—Algunas aseguradoras contratan a Atrys por una cápita, un importe fijo por asegurado. Esto solo favorece que la intermediaria intente reducir costes, ¿no cree?—Desconozco si Atrys trabaja así. Yo no recibo ninguna cápita en ningún sitio. No puedo asumir el riesgo que tiene que asumir la aseguradora.—Sabemos que lo hace con tres aseguradoras, ¿debería regularse?—No creo que hubiera que regularlo sino eliminarlo. El riesgo de la incidencia lo tienen que asumir las aseguradoras. No se debe trasladar el riesgo a un tercero, esa es mi opinión. Cada uno tiene que asegurar sus riesgos, no ser una financiera. Las cápitas hay que eliminarlas.—¿Qué medidas se podrían tomar para acabar con las presiones a oncólogos?—Insisto en que creo que esto es una cosa acotada. Si ha habido alguna irregularidad me imagino que esto será suficiente para que las entidades tomen medidas para controlarlas. —¿Le parecería bien que el asesor oncológico se tenga que identificar con nombre y apellidos y número de colegiado para que el oncólogo que prescribe sepa si está hablando con otro oncólogo o con un farmacéutico?—Eso me parece elemental. Tiene que ser de oncólogo a oncólogo. No puede ser otra persona y menos un algoritmo porque eso iría contra la ley. —Las prácticas de Atrys ¿eran un secreto a voces?—Bueno, rumores hay siempre de todo. Igual que hay rumores de que a la sanidad privada solo le importa el dinero, o que la sanidad pública tiene un absentismo del 30%. —Los pacientes que no consiguen el tratamiento recomendado por su oncólogo, recurren a la sanidad pública. Un informe reciente de la Airef asegura que el 70% de los enfermos de cáncer termina en hospitales públicos y el 90% si son jóvenes.—Parece demoledor así dicho, pero, ese informe también dice que el 50-60% son casos extremos y graves. Y que, de esos casos, el 30% lo financian las aseguradoras. Parece que hay selección de riesgo pero es que no hay instalaciones privadas complejas en toda la geografía nacional. Ese informe lo que pretende, es acabar cargándose el modelo de los funcionarios. Lo más importante es que sin Muface se incrementaría la lista de espera para consultas un 30%. Si por cuestiones ideológicas deciden eliminar el modelo es una opción. Pero hay que poner en marcha reformas en el sistema.
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