El abogado de José Antonio Griñán arremete contra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla y rechaza su propuesta de elevar una consulta o cuestión prejudicial ante la Justicia europea para no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de corrupción de los ERE que anularon parcialmente las penas a este expresidente de la Junta de Andalucía y a su antecesor, Manuel Chaves , porque cree que vulneran el Derecho comunitario y que se extralimitó en sus funciones. A través de un escrito, el letrado José María Calero considera «inexplicable» que el tribunal de Sevilla que impuso a su cliente una condena a seis años de prisión por malversación «no haya dado cumplimiento» a la sentencia dictada por la mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE en el TC que el pasado 16 de julio eliminó el delito que compartaba la cárcel y planteó rebajar sustancialmente —pero sin suprimirla del todo— la pena de 15 años de inhabilitación por otro delito de prevaricación.«Ese retraso que expresamente se denuncia lleva anudada la grave, evidente y conocida consecuencia de hacer posible el mantenimiento de la condición pública de condenado de quien debía desde hace meses disfrutar de la condición de absuelto de todos los cargos que, en su día, con vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de legalidad tuvo lamentablemente que sufrir», expone en el escrito dirigido ese jueves 3 de abril a la Audiencia de Sevilla. Es su respuesta a la providencia que remitió el pasado 18 de marzo a las partes del proceso (Fiscalía, acusaciones y defensas) para pronunciarse sobre su propuesta de recurrir las sentencias del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, entre otros motivos, podría ir en contra de las normas comunitarias para luchar contra la corrupción.Griñán pide el «inmediato cumplimiento» del fallo del TCEl abogado del expresidente andaluz va incluso más lejos que los magistrados del TC al solicitar el «inmediato cumplimiento» de su resolución con el dictado de una «sentencia absolutoria» y considera que la consulta europea que plantea la Audiencia de Sevilla es indebido e improcedente. El sector progresista que controla el Constitucional no absolvió completamente a Griñán del delito de prevaricación y por esta razón el amparo concedido fue parcial. Como en el caso de Chaves, enmendó a la Audiencia y al Tribunal Supremo al considera que no pudieeron cometer prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta al elaborar un proyecto de ley de presupuestos que recogía una partida para las ayudas irregulares, porque esto no es una resolución administrativa. Por tanto, el Constitucional ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla que emita una nueva sentencia en la que sí cabe el concepto penal de prevaricación, en concreto, porque en diciembre de 2004, siendo Griñán consejero de Hacienda, v alidó una modificación presupuestaria que desviaba fondos de una partida que indebidamente fueron destinados a las ayudas sociolaborales fraudulentas de los ERE.Acusa al tribunal de seguir «la estela» del PPGriñán, a través de su abogado, señala que la resolución judicial que pregunta sobre la cuestión prejudicial es «contraria a derecho» y acusa a los jueces de Sevilla de seguir «la estela de un grupo político» , en referencia al PP -que ejerce la acusación popular, que «viene utilizando y pretende seguir haciendo todo el tiempo que le sea posible el presente procedimiento para el cumplimiento de sus fines propios». Además, este trámite «incrementa de manera innecesaria el ya inexplicable e injustificable retraso en el cumplimiento de la sentencia » del Constitucional, lo que provoca «una grave disfunción del sistema de protección y garantías de los derechos fundamentales previsto en nuestro ordenamiento».En su escrito, el letrado del expresidente andaluz va aún más lejos y reprocha al tribunal de la Audiencia de Sevilla que, «mediante una interpretación carente de la más mínima razonabilidad» y «manifiestamente errónea» señala que el TC «califica de lícitas conductas que los tribunales ordinarios califican como delictivas» . «Lo que el TC establece en ejercicio de sus funciones propias es que los tribunales ordinarios (Audiendia de Sevilla y Supremo) vulneraron el derecho a la presunción de inocencia» de Griñán. « Solo retorciendo la ley penal, podrían ser consideradas delictivas » las conductas del exmandatario andaluz, concluye su abogado.
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