Hay días en los que Mara Martín no puede salir de su casa. El viernes, cuando ABC fue a entrevistarla al pueblo de Guadalajara donde reside, era uno de ellos. Esa misma mañana, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la había llamado para explicarle que el etarra Juan Jesús Narváez Goñi ‘Pajas’ , condenado en diciembre de 2015 a 296 años de cárcel por el asesinato de su padre , el policía y miembro de los Tedax Valentín Martín, así como a su compañero Andrés Muñoz, había conseguido el tercer grado o la semilibertad.«Es una falta de respeto, un sinsentido. Me apalea que el asesino de mi padre esté fuera 10 años después. La gente no tiene ni idea de la onda expansiva que es esto», afirmó Mara Martín con rabia, pues Narváez Goñi fue detenido en 2014 gracias a una operación de Interpol que le localizó en México. Allí estuvo huido 20 años, llevando una vida oculta de la Justicia española como masajista junto a su pareja, la también etarra Itziar Alberdi Uranga, condenada por el mismo asesinato, quien trabajaba como instructora de yoga. En ese momento entró en prisión provisional y fue juzgado en 2015. Mara Martín acudió al juicio y se pasó cuatro horas mirando fijamente al asesino de su padre. Pensó: «Eres un cobarde de mierda. Nos has destrozado la vida con un botón y no te atreves a mirarme». La sentencia llegó el 2 de diciembre de ese año. La pareja de terroristas fue condenada por dos delitos de asesinato y diez de asesinato frustrado.Él, que esta semana ha conseguido el tercer grado, cumple en el País Vasco, a donde fue trasladado desde Logroño en 2022, una condena acumulada de 30 años por asesinatos frustrados, estragos y banda armada. En junio de 2029 habría cumplido las tres cuartas partes de la condena, pero la semilibertad ha llegado mucho antes de lo que hubiera gustado a sus víctimas. Noticia Relacionada estandar No Zuloaga: «La labor de ABC contra ETA forma parte de la Historia del periodismo español» Mónica Arrizabalaga El veterano periodista publica una novela que une a la Legión y a este diario en una isla perdida«Yo he estado en terapia cinco años y él ha cumplido 11 de condena. Y cinco años no significa que sea el dolor de cinco años, sino que te joden la vida. Cuando eres un niño y matan a tu padre o te quedas viuda recién casada, con 29 años, como fue el caso de mi madre… A día de hoy mi hermano tiene secuelas psicológicas graves y yo también. Como os digo, no puedo salir de casa», insistió Mara, quien pasó la tarde lluviosa de la noticia trabajando en su domicilio, elaborando grandes flores de papel que parecen reales y que decoran las entradas de lujosos hoteles de Madrid. Su teléfono no dejó de recibir notificaciones, pero no era el día para atender pedidos. Su cabeza había vuelto a aquél fatídico 12 de junio. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró probado que Alberdi, Narváez y José Luis Urrusolo Sistiaga formaban, a mediados de 1991, el comando Ekaitz de ETA y decidieron enviar un paquete bomba a una de las empresas que participaban en la construcción de la autovía del Valle de Leizarán, utilizando para ello una empresa radicada fuera de Madrid.Las asociaciones de víctimas claman contra la política penitenciaria del PSE Tanto el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han puesto el grito en el cielo esta semana a cuenta de los dos últimos terceros grados autorizados por el Gobierno vasco y, en concreto, contra la política penitenciaria que está desarrollando el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Socios del PNV en la coalición al frente del Ejecutivo regional, dirigen desde junio del año pasado la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la Administración Penitenciaria. Covite, apuntando directamente a la consejera María Jesús San José, advertía que de seguir esta dinámica, con 18 terceros grados «fraudulentos» a presos etarras desde que se hizo cargo de la cartera, las cárceles vascas (en una complicada situación por su sobreocupación y falta de recursos materiales y humanos) pronto se «van a vaciar» de presos de la banda terrorista. AVT, por su parte, denunciaba lo que entienden como una «sucesión de indultos encubiertos» tras la progresión de grado de Juan Jesús Narváez Goñi e Iñigo Vallejo Franco. Unos hechos celebrados por Sare, organización de apoyo a los antiguos miembros de ETA afín a EH Bildu, que hace algo más de una semana afirmaba llegar con «los deberes hechos» a su X Asamblea y dispuesta a «afrontar lo que debe de ser la última fase del capítulo penitenciario». «Debemos reconocer que el impulso que se ha dado en los tres últimos años, ha supuesto un avance significativo», planteaban. La próxima semana darán a conocer los detalles de su próxima iniciativa, ‘Completar el puzle’, prevista para los días 17 y 18 de mayo. Informa Gerard Bono .Fue Itziar Alberdi, de acuerdo con el relato de la resolución, la que obtuvo la información de varias empresas de transportes de Toledo que podían utilizar para sus fines, tomando para ello nota de sus direcciones, teléfonos, horarios y plazos de entrega. Finalmente, los miembros del comando decidieron que el paquete iría destinado al presidente de Construcciones Atocha, Jesús Gallego Gallego, en la calle Ortega y Gasset de Madrid, sede de su empresa, para lo que utilizaron la empresa Servitrans de Toledo para hacer el envío. Sin embargo, la compañía de reparto devolvió el paquete a su sede de Madrid al tratarse de una dirección equivocada y, al comprobar que el remitente era ficticio, avisaron a la Policía. Cuando los artificieros Valentín Martín y Andrés Muñoz se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial para examinarlo, éste hizo explosión en el número 6 de la calle Juan Toribio de Vallecas –donde hoy aún les recuerda una placa- causándoles la muerte y heridas a otros compañeros, así como a varios empleados de la empresa de mensajería. La Sala llegó a la conclusión de que «Urrusolo, Alberdi y Narváez Goñi fueron los que ejecutaron dicha acción como miembros del comando Ekaitz de ETA». Narváez nunca se arrepintió de tales hechos, condición necesaria según la ley para que pudiera recibir la semilibertad y acudir sólo a dormir a la cárcel. De ahí que las asociaciones de víctimas denunciasen entre el jueves y viernes su progresión de grado en el marco de la política penitenciaria del Gobierno vasco. «Estamos claramente ante una sucesión imparable de indultos encubiertos. En la AVT llevamos muchos años avisando de cuál era la hoja de ruta: primero cerca, luego semilibres y finalmente, libres. Ya estamos en la última fase de esta ignominia, y para muestra, uno de los dos últimos terceros grados de los ya 18 que se han concedido desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco pasó a manos del Partido Socialista de Euskadi. El cumplimiento de pena es irrisorio», denunciaron. Cuando le llamaron para explicarle lo sucedido, Mara Martín sintió «incredulidad, tristeza e ira. Me dijeron si quería que me llamase una abogada, pero aunque me lo explicase, tampoco lo habría entendido». Su recuerdo viajó a aquel 12 de junio, cuando horas antes del atentado, ella, su hermano y su prima disfrutaban de una tarde de piscina con su padre en Móstoles. «Era la leche de padre. En esa época no todos eran así, no todos querían atender a sus hijos. Él no se separaba ni con agua caliente de nosotros». Pero recibió la llamada y su vida cambió: «No le tocaba ir. Unos meses antes, cambio el turno con un compañero y el compañero falleció. Esta vez fue al revés y le tocó a él».«En ese momento, tu universo se convierte en algo hostil. Puedes conocer a personas súper buenas pero en tu inconsciente está el peligro. En mi caso, cada vez que ocurre alguna disonancia en mi vida, necesito encerrarme»,dijo Mara Martín antes de despedirse y entregarnos unas flores de papel. «Es como si volviéramos de una manifestación», reparó la fotógrafa. Y en parte, así fue, porque ella confesó que, al hablar con este diario, sintió que todavía puede «alzar la voz, hacer algo porque la gente sepa el dolor que todavía dura por ETA».
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