El Tribunal Supremo tumbó el traspaso de competencias al País Vasco en materia universitaria hace unas semanas, una de las cesiones que tuvo que hacer Pedro Sánchez al PNV para poder ser investido presidente en noviembre de 2023. A través de esta prebenda, el País Vasco podía fijar los criterios que considerara oportunos para homologar los títulos superiores de extranjeros, capacitándoles así para ejercer en nuestro país. El Ministerio de Universidades es el que realiza estas homologaciones a nivel nacional, pues se trata de una competencia del Estado y que no posee ninguna otra comunidad autónoma. El traspaso también permitía establecer equivalencias académicas en función de la demanda o carencia de profesionales (en su mayoría sanitarios) que tuviera la región. En los últimos días, el Gobierno vasco había anunciado que recurriría la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la ministra de Universidades, Diana Morant, ha dicho este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo reunión bilateral con el Gobierno vasco con el objetivo de retomar el traspaso de la competencia: «Tenemos la voluntad plena para hacerlo posible». Fuentes del Ministerio consultadas por ABC sobre este tema refieren que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está « trabajando con el gobierno vasco para resolverlo » y que la semana que viene habrá una reunión técnica. Lo única forma de «resolver» este problema, se entiende, sería buscar una fórmula legal (después de la anulación por parte del TS del real decreto) para que la comunidad autónoma vasca pueda seguir tramitando sus propias homologaciones y fijando sus propios criterios de equivalencias. La cesión por parte del Sánchez al PNV se había hecho efectiva en marzo del año pasado, todavía con el anterior Gobierno vasco liderado por Iñigo Urkullu. Sin embargo, en julio, el Alto Tribunal ya había suspendido cautelarmente la vigencia de este traspaso de competencias en materia universitaria. Desde la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que interpuso el recurso contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, informaban hace unos días a ABC de que habría al menos 200 expedientes de universitarios extranjeros que se habrían quedado en el limbo desde que se transfirió esta competencia hasta que el Supremo la suspendió de forma cautelar.«Ese traspaso de competencias era una clara quiebra de la unidad de criterios profesionales, así como un evidente ataque a la igualdad entre autonomías. Se le debe exigir lo mismo a un médico que desee ejercer en País Vasco que en cualquier otra comunidad», expresaban desde esta asociación de colegios profesionales a ABC.En este contexto, la diputada de EH Bildu, Marije Fullaondo, instó a la titular de Universidades a resolver el problema. «Reclamamos al Gobierno una solución para los 200 expedientes que han quedado en el limbo por el veto del Supremo al traspaso de la homologación de títulos universitarios. 200 personas que llevan años esperando la homologación para poder trabajar en los servicios públicos vascos».Compromiso con Bildu Diana Morant ha asegurado que resolverá «de oficio, de modo automático» los 200 expedientes: «Mi compromiso es que estos primeros expedientes que ya se habían iniciado a través del Gobierno vasco no queden en un limbo. Por tanto, lo haremos de oficio, para que con ese trabajo constructivo entre instituciones podamos traspasar los expedientes directamente al ministerio y simplemente con una ratificación de los solicitantes pueda tramitarlos el Ministerio de Ciencia».
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