El socialista Óscar Puente ha cumplido su amenaza. El ministro de Transportes publicó este lunes en sus redes sociales una queja contra la c onsejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz , alegando que esta había anunciado en un foro la gratuidad del transporte público para menores de 14 años a partir del 1 de julio sin aclarar que esas ayudas son estatales. «Esto va a traer cola», amenazó Puente, que este mismo martes ha remitido una carta a través de la Secretaría General de Movilidad Sostenible en la que indica a Díaz que su «incumplimiento» aboca «lamentablemente a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esta administración en lo referente a la gratuidad infantil».La misiva, escrita y firmada por Miguel Álvarez Martínez, director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes expone que «en el artículo 14 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, se contempla como obligación de las administraciones posibles beneficiarias de las ayudas, el que todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa, que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible». Pero el Gobierno omite interesadamente parte sustancial de la realidad para sostener el ataque a cuenta del transporte hacia una administración de signo político opuesto.La consejera sí explicó en el foro en el que participó, concretamente con el diario Ideal de Granada, que las subvenciones al transporte están soportadas entre el Gobierno y la Junta de Andalucía , pero el ministro se ha apresurado a tomar la medida de castigo a los andaluces sin ver el discurso íntegro. Discurso en el que la propia consejera del ramo señaló claramente que «el Gobierno andaluz se ha comprometido a asumir y mantener el 20 por ciento de rebaja como parte del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible , que, según dijo, aportará el 20 por ciento restante». Es más, aunque no lo hubiera mencionado la consejera andaluza, la norma a la que alude el Ministerio sólo es aplicable a la cartelería física o virtual de los proyectos y a las comunicaciones oficiales, no a una charla en un foro, como es el caso. Pero al ministro Puente eso parece haberle dado igual. « La Junta de Andalucía está omitiendo que únicamente toma esa medida gracias a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una serie de ayudas específicas para rebajar el precio del transporte a viajeros habituales y promocionar su uso para el segundo semestre del año», ha asegurado el Ministerio para justificar la medida. «Esta obligación de comunicación y visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones », detalla el Ejecutivo central en esta carta.«Con este escrito y de acuerdo con el ya expresado principio de lealtad institucional, quiero poner en tu conocimiento que estos incumplimientos abocan, lamentablemente, a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esa administración, en lo referente a la gratuidad infantil previstas en el artículo 7.2.a) del Real Decreto-ley 1/2025, en los términos en que se expresa el artículo 16.5.b) de mismo texto normativo». Con ese texto cargado de cinismo -se indica que se adopta la polémica decisión «lamentablemente»-, el Gobierno anuncia que retira las ayudas para que el transporte infantil sea gratuito.«Decisión injusta y arbitraria»Ante esta situación, la propia consejera Díaz ha recalcado que se trata «de un nuevo ataque a Andalucía. El Gobierno de España no conoce límites y va a privar a los jóvenes andaluces de las bonificaciones al transporte público. Es otro ataque desproporcionado más que Andalucía no va a consentir. Andalucía debe ser respetada y emprenderá todo tipo de acciones, incluidas las legales, ante una decisión injusta y arbitraria . No se van a tolerar más agravios a Andalucía por parte de Pedro Sánchez». La Junta, por tanto, no descarta recurrir a llevar al Ministerio a los tribunales por esta medida adoptada en cuestión de horas y amagada incluso sobre la marcha de un modo radicalmente partidista.Esta medida de las bonificaciones debería entrar en vigor el 1 de julio para tener una duración mínima de seis meses con tres tipos de descuentos incluidos, dos de ellos destinados a los jóvenes. El primero de ellos es la gratuidad para los andaluces de hasta 14 años con el uso de la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta de Andalucía. Para el resto de los usuarios de esta tarjeta se ofrecerá, según se ha anunciado, una bonificación adicional del 50 por ciento, que se suma a los descuentos que, de manera permanente, ya aplica.En Rota sí incumple el PSOE Paradójicamente, el Gobierno esgrime ante la Junta un argumento que sí se ha dado en una administración pública andaluza que gestiona el PSOE. Concretamente, el Ayuntamiento de la localidad gaditana de Rota, donde hace varias semanas el PP denunció que el el alcalde, José Javier Ruiz, «en su fanatismo político es capaz de engañar a los roteños publicando una nota de prensa donde cambia la administración que gestiona el programa de empleo y formación que se está impartiendo en la localidad». Efectivamente, el 14 de marzo el regidor publicó una nota de prensa en la web municipal y en la prensa local, al hilo de una visita de los alumnos del programa de empleo y formación al Archivo Histórico, indicando que la gestión del programa correspondía al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuando, en realidad, se trata de un programa de la Junta de Andalucía. «La normativa que regula las políticas activas de empleo especifican que las entidades beneficiarias deben dejar claro la Consejería que concede la subvención en todas las acciones de publicidad o difusión que se publiquen. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar la pérdida parcial o total de la subvención concedida», advertía el PP. La Junta presentó un requerimiento para que el Ayuntamiento de Rota corrigiera la atribución errónea de un programa de empleo y formación, dando al Consistorio quince días para la corrección. Finalmente, el Ayuntamiento modificó la nota en cuestión, aclarando que «el Programa de Empleo y Formación (PEF), solicitado por el Ayuntamiento de Rota, ha sido subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y financiado con cargo al Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal».
Leave a Reply