La fiscal general de Estados Unidos , Pam Bondi, ha ordenado a los fiscales federales que investiguen determinados procedimientos de afirmación de género, calificándolos como «mutilación genital femenina», según un memorando interno difundido el miércoles. Esta instrucción responde a un decreto firmado por el presidente Donald Trump en enero de 2025 , que prohíbe la financiación federal a centros médicos que ofrezcan tratamientos de transición de género.Bondi, quien ejerce como ministra de Justicia, sostiene que médicos, hospitales y clínicas están incurriendo en prácticas ilegales al operar a menores de edad bajo «el disfraz de atención médica». «Es un delito grave realizar, intentar realizar o conspirar para realizar mutilación genital femenina a menores de 18 años », afirma el memorando, que advierte que esas prácticas pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión por cada caso.Además de investigar posibles delitos, Bondi ha ordenado a la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia que analice si fabricantes y distribuidores de bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales y otros medicamentos han incurrido en publicidad engañosa o han omitido efectos adversos en sus comunicaciones comerciales. El objetivo, según el documento, es aplicar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Reclamaciones Falsas.Noticia Relacionada estandar No EE.UU. congela fondos a la Universidad de Pensilvania por incumplir el veto a las mujeres trans en el deporte ABC La Asociación Nacional Deportiva Universitaria, que incluye a más de 1.100 instituciones educativas en Estados Unidos, prohibió a principios de febrero a las atletas trans competir en deportes femeninosEn paralelo, la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento ha recibido instrucciones de redactar un proyecto de ley que permita a padres y menores demandar retroactivamente a médicos por supuestos daños derivados de tratamientos de afirmación de género. La propuesta incluiría un plazo de prescripción largo y abriría la puerta a reclamaciones retroactivas por cirugías realizadas en años anteriores.El decreto firmado por Trump —titulado «Protección de los niños contra la mutilación química y quirúrgica»— describe como tales intervenciones el uso de bloqueadores de pubertad, hormonas sexuales o cirugías que alteran o eliminan órganos reproductivos de menores. También obliga a todas las agencias federales a cortar financiación a centros que realicen estas prácticas y exige al Departamento de Salud revisar y anular cualquier respaldo institucional a las guías clínicas que las respalden.Bondi responsabiliza directamente a la Administración Biden del aumento de este tipo de prácticas médicas, acusándola de haber promovido una «ideología radical de género» desde la Casa Blanca. En su memorando, denuncia que el expresidente Biden impulsó esa agenda «al acoger en la Casa Blanca a activistas transgénero como Dylan Mulvaney» y «nombrar a Rachel Levine —una activista transgénero— como subsecretaria de Salud».«El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados mientras doctores, motivados por ideología, lucro o ambos, mutilan a nuestros hijos», añade Bondi. «Estamos notificando que en Estados Unidos esas prácticas tienen consecuencias penales ». La ofensiva legal llega en un momento de crecimiento en la atención médica a personas transgénero. Un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que entre 2016 y 2019 el número de cirugías de afirmación de género casi se triplicó, pasando de 4.552 a más de 13.000. Más de 48.000 personas se sometieron a algún tipo de procedimiento entre 2016 y 2020. Sin embargo, otro estudio de la Universidad de Harvard concluyó en 2024 que las intervenciones quirúrgicas en menores trans son extremadamente infrecuentes . En 2019 no se registró ninguna cirugía en niños menores de 12 años, y la tasa entre adolescentes de 15 a 17 años fue de apenas 2,1 por cada 100.000. Las principales asociaciones médicas estadounidenses —como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Americana de Pediatría— defienden estas intervenciones como tratamientos válidos y necesarios, siempre realizados con consentimiento informado y bajo supervisión médica especializada. La Administración Trump, sin embargo, las ha calificado de «experimentos irreversibles» y de «abuso institucionalizado de menores».
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