Hay que remontarse a febrero de 2023, pocos meses antes del adelanto electoral del 23J, para encontrar el último acuerdo tripartito en el ámbito del diálogo social en materia laboral -concretamente, la estrategia de seguridad y salud laboral-. Hasta ese momento, las negociaciones y acuerdos entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos habían supuesto uno de los principales avales del actual Gobierno de coalición, llegando a rubricar una reforma laboral con todos los agentes sociales.Sin embargo, desde ese momento, el foro primordial para la negociación de políticas principalmente de ámbito laboral ha sido un erial. En este periodo, tras la celebración de las elecciones generales hubo un impasse de algunos meses hasta la configuración del Ejecutivo en el pasado mes de noviembre. Desde entonces, seis meses de legislatura han tenido que transcurrir para que la mesa de diálogo social vuelva a recuperar el pulso. Tal y como anunció este lunes la propia Yolanda Díaz y según han confirmado los sindicatos a través de senda comunicaciones, se habría alcanzado un acuerdo también con el concurso de la patronal, CEOE y Cepyme, para la incorporación de los planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores. Noticia Relacionada DECRETO DE DESARROLLO DE LA ‘LEY TRANS’ estandar Si Las empresas tendrán que formar a sus empleados en políticas LGTBI Susana AlcelayAsí lo confirman tanto UGT como CC.OO. que no obstante aseguran estar a la espera del texto definitivo que será abordado en Consejo de Ministros para la rúbrica definitiva del acuerdo. «Le anuncio que acabamos de cerrar un acuerdo tripartito, este sí , tripartito. Sí, lo hago público ahora mismo y sí, estoy muy contenta porque es una de las mesas de diálogo social que estábamos desarrollando desde hace meses en nuestro país, que tiene que ver con los derechos de las personas trabajadoras LGTBI en España», aseguró Díaz en una entrevista en La Sexta.Tal y como había avanzado ABC en la publicación del último borrador entregado por el Ejecutivo a los agentes sociales, el acuerdo contempla un protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo. «Van a tener que hacer planes de acompañamiento. Las personas trans van a tener un anexo, lo van a ver en la norma, que se va a aplicar con carácter supletorio», apuntaba Díaz sobre la nueva obligación para las empresas. Igualmente, ha expuesto que se tendrán que «reabrir» los convenios colectivos para negociar «específicamente» estas medidas que tienen que ver con los derechos de las personas LGTBI.Protocolos contra el acoso y violenciaTal y como señalan fuentes del Ministerio de Trabajo, con la norma en vigor será obligatorio la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo. También será necesaria la formación para la igualdad y no discriminación : incluyendo módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. Explica el real decreto que prepara el Gobierno, tal y como avanzaba ABC, que es preciso establecer «criterios claros y concretos para garantizar un adecuado proceso de selección y contratación , que priorice la formación o idoneidad para el puesto de trabajo, independientemente de su orientación y/o identidad sexual o su expresión de género, con especial atención a las personas trans como colectivo especialmente vulnerable». Y añade: «se fomentarán medidas para garantizar la utilización de un lenguaje respetuoso con la diversidad».Respecto a la progresión en la empresa se especifica que los convenios colectivos y los acuerdos de empresa deberán regular criterios para la clasificación, promoción profesional y ascensos, «de forma que no conlleven discriminación directa o indirecta para las personas LGTBI, basándose en elementos objetivos», entre los que cita la cualificación y capacidad, garantizando -dice- el desarrollo de su carrera profesional en igualdad de condiciones».Por su parte, fuentes de Trabajo trasladan que la Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando sanciones para las empresas que no cumplan con la norma.
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