El vuelco que el Tribunal Constitucional (TC) ha imprimido al caso ERE, anulando total o parcialmente a una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (TS), ha dado lugar a una extraña paradoja. Los que crearon o mantuvieron durante una década (2000-2009) un procedimiento que repartió sin publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía casi 680 millones de euros en ayudas públicas están fuera de la prisión, mientras que actores de segunda fila en la trama de corrupción ven los días pasar entre rejas. Dicho de otro modo, los autores de los hechos punibles en la principal pieza del caso ERE han recuperado la libertad tras cumplir menos de un tercio de las penas que acordaron los tribunales por el procedimiento específico de subvenciones, mientras que los empresarios y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación están siendo condenados como beneficiarios de fondos públicos en las distintas piezas en que se ha dividido la macrocausa. Después de más de una década de instrucción, el caso se ramifica en 136 investigaciones que se enjuician de manera aislada: una por cada empresa que recibió ayudas mediante el mismo procedimiento opaco.El último acusado que ha entrado en la cárcel es el comisionista Antonio José Albarracín Muñoz , condenado por las ayudas a la sociedad Aceitunas y Conservas (Acyco), ubicada en Dos Hermanas (Sevilla). Otros empresarios han podido esquivar la reclusión porque su pena no supera los dos años y carecen de antecedentes penales computables . Están firmando sentencias de conformidad tras devolver el dinero público cobrado . Éste no es el caso del ex director adjunto de la consultora Vitalia Vida, quien entró hace pocos días en el centro penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir una pena de tres años y nueve meses de privación de libertad, como adelantó ayer ABC.Noticia Relacionada estandar Si El principal comisionista del caso ERE entra en prisión para cumplir su condena pese al borrado del Constitucional Antonio R. Vega El exdirector de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, ha ingresado en la cárcel madrileña de Alcalá de Henares. El Supremo le impuso tres años y nueve meses por la ayuda a Acyco y le denegó beneficiarse del giro del TCEl último capítulo de la pieza política del caso ERE, que sentó en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , no está escrito. El Constitucional tumbó la interpretación de los delitos que hizo la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia de 2019, ratificada después por el Supremo, y le ordenó dictar una nueva sentencia tras negar parte de la responsabilidad penal a los políticos que aprobaron las partidas presupuestarias que nutrieron el fondo de los ERE. La Audiencia está deliberando si eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la revisión del TC por una posible vulneración de principios básicos del Derecho europeo.Ayudas ilegalesEn la pieza de Acyco, el Supremo denegó a Antonio Albarracín la posibilidad de beneficiarse del giro del Constitucional. Rechazó anular su condena tras advertirle de que incluso el órgano de garantías siguió considerando ilegales las ayudas que se desviaron claramente de los fines del programa presupuestario 31L. En la sala de máquinas de la Consejería de Empleo estaba Antonio Fernández García, quien dejó la prisión de El Puerto III , en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde estuvo durante un año y siete meses cumpliendo su condena. Salió a la calle el 15 de julio pasado, cuando el TC redujo su responsabilidad penal y perdonó una parte de la malversación cometida en la pieza principal de los ERE.Un exdirector de Vitalia está en la cárcel por el ERE de Acyco como cooperador de los delitos de prevaricación y malversaciónEl giro de guion del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, quien ocupó la Fiscalía General del Estado (2004-2011) bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), posibilitó la inmediata salida de prisión de cinco de los siete condenados que habían sido sancionados con la privación de libertad: dos exconsejeros, Francisco Vallejo (Innovación) y Antonio Fernández (Empleo); dos exviceconsejeros, Jesús María Rodríguez Román (Innovación) y Agustín Barberá (Empleo), y el ex director general de la agencia autonómica que pagaba las ayudas, IDEA, Miguel Ángel Serrano. Este último fue el único al que el TC exoneró de su pena íntegramente. Otros dos exconsejeros, José Antonio Viera (Empleo) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), habían accedido al tercer grado penitenciario antes de que el TC les concediera amparo. El primero consiguió el régimen de semilibertad en junio de 2023 a causa de su delicada salud, lo que le permitía pasar el día fuera y acudir únicamente a dormir al Centro de Inserción Social de Huelva. En cambio, Aguayo, la ex ‘número dos’ de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda dejó en junio de 2024 la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla . El comisionista de Vitalia cumple condena en la prisión madrileña porque el ERE de Acyco estaba plagado de «ilegalidades clamorosas» , como concluyó la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Se incluyeron entre los beneficiarios de dos personas que nunca habían pertenecido a la plantilla y percibieron un total de 223.000 euros de fondos públicos exclusivamente porque eran amigos del entonces director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero , fallecido en octubre de 2020. «La ilegalidad era tan evidente que tuvo que ser conocida y consentida» por Antonio Fernández, que era viceconsejero de Empleo cuando concedió las ayudas a la prejubilación de los empleados, antes de ascender a consejero (2004-2010). La Audiencia condenó al ex alto cargo a siete años de cárcel, y le impuso cuatro a Juan Márquez , que sucedió a Guerrero en la Dirección de Trabajo. En la pieza de Acyco, el Supremo absolvió a ambos políticos «por concurrir cosa juzgada» , dado que ya habían sido enjuiciados en la pieza principal del caso. Para entonces, el TC ya había librado a Fernández de cumplir íntegramente su pena por el sistema irregular de ayudas pero rehusó aliviar el castigo a Márquez porque, a diferencia de otros acusados, no invocó en su recurso el derecho a la legalidad sancionadora.
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