La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han retirado la acusación contra Ana Isabel Arias, hermana del actor Imanol Arias, que ha quedado absuelta así sobre la marcha en el arranque del macrojuicio por el conocido como caso Nummaria fruto del acuerdo de conformidad que él ha suscrito con las dos acusaciones públicas y que se ha registrado al inicio de la vista oral. Según informaron en fuentes jurídicas, el acuerdo incluye además de la exoneración de su hermana, la supresión de los cargos por dos ilícitos fiscales en sendos ejercicios contra Imanol Arias, que reconoce y asume finalmente cinco ilícitos contra la Hacienda Pública, y una condena que no superará los dos años de cárcel, es decir, no tendrá que ingresar en prisión. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, él ha satisfecho por completo toda la deuda tributaria, incluidos los intereses de demora. La causa se sigue contra administradores y clientes del despacho Nummaria, acusados de poner en marcha una maquinaria diseñada para la defraudación fiscal. En el banquillo se sientan 30 personas tras la exoneración de Ana Isabel Arias, y la vista oral, que se prolongará hasta septiembre, ha arrancado este martes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional. Junto a Imanol Arias está acusada su compañera de reparto en ‘Cuéntame cómo Pasó’, la también actriz Ana Duato y su marido, productor de la exitosa ficción. Sobre ella, el fiscal ha comunicado a la Sala que se han recalculado las cuotas de defraudación por las que está acusada, si bien no ha proporcionado el pormenor. En el escrito inicial, el Ministerio Público insta una condena de 32 años de prisión por 7 delitos contra la Hacienda Pública para la intérprete El escrito de acusación inicial la situaba como representante y administradora de dos sociedades que, a su vez, habrían funcionado en una «estructura de fraude» creada en Nummaria para «intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actor de Manuel María (Imanol) Arias en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas». Y al frente de Nummaria estaba el principal acusado, Fernando Peña, cuya petición de cárcel supera los 290 años de cárcel y cuyo letrado, Antonio Camacho, ha iniciado el trámite de cuestiones previas denunciando que no tuvieron acceso en tiempo y forma a la documental fruto de los registros en el despacho en los que se asienta toda la tesis de la acusación. «La parte tiene que acceder a aquello que está en el procedimiento y no es motivo de excusa que la parte pueda tener copia de toda esa documentación», ha subrayado, para pedir la nulidad de actuaciones. De hecho, solicita anular todo el fruto de aquellas entradas y registros por «violación del proceso con todas las garantías y el derecho a la tutela judicial efectiva» poniendo en duda la cadena de custodia de la documentación porque el material incautado pasó a estar bajo control de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que no del juzgado, es decir, de la acusación. «Concurren motivos suficientes no sólo para dudar de la autenticidad de la documentación sino del correcto tratamiento que se ha hecho de esta», ha añadido.Los registros y AntifraudeEn este sentido, ha recordado que en aquellas entradas y registros participó en persona la que era jefa de Antifraude, Margarita Valdecasas, cuyo marido, investigado en la Audiencia Nacional, fue «socio durante mucho tiempo» de Fernando Peña en el Fibank. «Es más, mi defendido ha señalado a este letrado que había documentación relativa a este señor que se encontraba en el despacho y que no hemos conseguido localizar en la documentación que se encuentra colgada en el cloud (la carpeta digital de la causa)», ha señalado. «A todos nos debe sorprender -ha añadido- que la directora de la ONIF acceda a una entrada y registro de un ex socio de su pareja. Debió haberse abstenido y lo cierto es que no lo hizo. Y las dudas acerca de la alteración modificación y borrado de archivos lo único que hacen es incrementarse». El letrado ha añadido otras «irregularidades» que a su juicio ofrecen una «duda más que razonable» sobre el material en que se sustenta la acusación, como que su cliente encontró la cámara de seguridad del despacho «arrancada» después de la entrada y registro y no consiguieron imágenes de la diligencia hasta que se dictó la continuación del procedimiento contra él, y no eran completas. «El no acceso al material esencial de la acusación a lo largo del todo el periodo de investigación y que la prueba de cargo del Ministerio Fiscal está fundada en un material probatorio que no es que haya sufrido una ruptura de la cadena de custodia, es que nunca estuvo custodiado; estuvo en manos de la acusación particular», ha subrayado.
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