«La protección al empleo puede contribuir a un mayor crecimiento de la productividad sobre la base de una relación más estable entre la empresa y el empleado, pero la evidencia obtenida de los países de la OCDE sugiere que también puede condicionar la mejora de la productividad reduciendo la tendencia de las sociedades a adaptar su plantilla a las condiciones cambiantes del mercado y elevando los incentivos a que las empresas utilicen fórmulas de relación laboral más flexibles». El diagnóstico de la OCDE sobre los problemas de España para elevar sus niveles de productividad concluye que las mejoras en este campo han sido más bien reducidas tras la reforma laboral rubricada en diciembre de 2021 y que será necesaria una revisión en profundidad de la actual legislación del mercado de trabajo si España quiere incrementar su productividad, elevada ya a la condición de principal lastre para el crecimiento español y sobre todo para el cierre de la brecha de bienestar que separa al país ya no solo de los principales economías de Europa sino del estándar de bienestar de la UE.El organismo internacional, que ha publicado este miércoles el informe ‘Reactivar el crecimiento distribuido de la productividad en España’, valora los avances alcanzados en determinadas métricas tras la reforma laboral del Gobierno, pero los juzga insuficientes y detecta un puñado de lagunas o barreras regulatorias en el marco laboral, cuya resolución sería beneficiosa para mejorar las cifras domésticas de productividad.Noticia Relacionada estandar No Más de 7 millones de empleados cobran menos del SMI por no trabajar a jornada completa ABC UGT denuncia que más de la mitad de los afectados por la parcialidad indeseada son mujeresEs el caso de la regulación del Salario Mínimo . La OCDE reconoce que la histórica subida del 22% del SMI en 2019 ha logrado mejorar las retribuciones de los segmentos más vulnerables del mercado de trabajo y con un coste en pérdidas de empleo bastante reducido. El análisis realizado por los analistas del organismo concluye que la medida llegó a entre un 7% y un 8% de los trabajadores, que propició una subida media de sus retribuciones del 5,8% y que se cobró unos 7.000 puestos de trabajo , en la mayoría de los casos de trabajadores con relaciones laborales temporales.Pero el organismo advierte que para que las mejoras del SMI tengan un impacto positivo sobre la productividad no es suficiente con mejorar su cuantía. Para empezar los analistas de la OCDE entienden que deben analizarse con detalle sus efectos para evitar consecuencias negativas sobre el empleo y que las eventuales subidas deben acompañarse de medidas que sostengan la mejora retributiva de los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo a través de la regulación de complementos salariales hacia esos trabajadores.Respecto a las medidas contra la temporalidad , la OCDE subraya los avances conseguido en la reducción de la tasa de temporalidad del mercado laboral español, pero también recalca que España ha alumbrado la tercera regulación más estricta de la contratación temporal de todas las economías desarrolladas. También enfatiza que la transferencia de contratos temporales a fijos no parece haber tenido un efecto significativo sobre la creación de empleo y que una quinta parte de esa transferencia se ha producido hacia relaciones laborales fijas-discontinuas. «Estos contratos ofrecen más estabilidad en el empleo que los contratos temporales pero no necesariamente más seguridad en los ingresos que obtienen estos trabajadores», advierte el informe de la OCDE, que recomienda al Gobierno establecer incentivos para facilitar ahora la transición de esos trabajadores fijos discontinuos a la condición de trabajadores fijos a todos los efectos.El ‘think tank’ de las economías avanzadas considera que es necesario retocar la regulación de la contratación en España , pero en un sentido diferente al que pretende el Ministerio de Trabajo, focalizado en tratar de incrementar el coste del despido. Sugiere, por ejemplo, que se podrían impulsar cursos formativos a desarrollar durante los periodos de desactivación de los fijos-discontinuos para mejorar su empleabilidad y facilitar su conversión en indefinidos de pleno derecho. La OCDE también aboga por modificar la norma para acabar con la excepción, que según subrayan los analistas del organismo no se produce en otros países avanzados, de que los trabajadores indefinidos que quieran resolver por voluntad propia o de común acuerdo con su empresa su relación laboral no tengan acceso a la prestación por desempleo, lo que a juicio del organismo inhibe las decisiones de los trabajadores que desean abandonar una empresa y eleva los costes de despido de las empresas.
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