Operación «lavado de imagen». Tras lo acontecido en los últimos tiempos y tras las informaciones que ponen en entredicho el buen funcionamiento y buen gobierno de las empresas públicas y semipúblicas españolas, entre las que destacan más recientemente Red Eléctrica (por el apagón del pasado lunes, 28 de abril) y Tragsa (por el polémico contrato de trabajo de su filial Tragsatec a una de las amigas del exministro José Luis Ábalos, Jésica), la presidenta de la SEPI –el organismo público del que dependen 26 compañías–, Belén Gualda, ha dado un paso al frente y ha llamado a filas a todos ‘sus’ primeros espadas. Así, según ha podido saber ABC, Gualda les ha emplazado a conciliar agendas para poder reunirse un día en concreto lo más pronto posible, a lo sumo antes de 15 días.para conciliar agendas y poder reunirse un día en concreto entre esta semana y la siguiente. El objetivo, poner en común respuestas para reconducir la reputación de todas ellas en la senda que marca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de Pedro Sánchez , una estrategia para impulsar la recuperación económica, la modernización del país y garantizar un futuro sostenible e inclusivo.Y es que Belén Gualda sabe que una crisis reputacional tras otra en el seno de las empresas que dependen de la SEPI –crisis que surgen de comportamientos indebidos, fallos en productos o servicios o malas prácticas corporativas, tal y como están viviendo tanto Red Eléctrica como Tragsa–, es una situación que afecta negativamente a la imagen y percepción de las marcas de forma individual, de la del organismo estatal en particular, e incluso de la marca país en su globalidad, lo que puede generar pérdidas de confianza, clientes, valor de las acciones y daño a largo plazo.Reacción tardía No en vano, según expertos consultados por este periódico, por ejemplo, el hecho de que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, tardara casi 48 horas «en dar la cara» para además no dar una explicación concluyente sobre las causas del apagón, lo único que consiguió fue poner más en entredicho su gestión y sus conocimientos al frente del operador del sistema eléctrico de España, lo que concluyó en infinidad de informaciones en los medios poniendo en evidencia su nombramiento y el de sus consejeros o directivos clave. Un daño reputacional que parece que se intensificó tras conocer el plazo dado por el Gobierno, que corroboró la propia Corredor, para informar de lo ocurrido hasta dentro de seis meses mínimo.Noticia Relacionada estandar Si Beatriz Corredor, a sus empleados: «Red Eléctrica no dará información hasta que sea rigurosa y contrastable» María Jesús PérezLos analistas consultados coinciden en explicar que una situación de estas características tiene un impacto reputacional «significativo» , aunque «acotado en el tiempo» siempre y cuando no se repita. Aunque es «difícil» estimar una cifra concreta que cuantifique el daño económico sobre nuestra marca-país, las fuentes apuntan que «hay efectos intangibles ligados a la caída en la confianza internacional sobre España, que hasta ahora era la de un país tecnológicamente avanzado y fiable».En opinión de las mismas fuentes, «un apagón como el sufrido puede despertar dudas sobre la capacidad de nuestro país para garantizar suministro eléctrico estable en situaciones críticas, especialmente en un contexto de transición energética donde la red cada vez absorbe más generación renovable y distribuida». De momento, ni desde el Gobierno, en la figura de su ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ni desde la propia Red Eléctrica, se ha aportado información clara y concisa sobre las medidas que se van a tomar a corto plazo para reducir la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema actual que además de golpear nuestra reputación como país moderno nos ha dejado muy señalados como un fácil objetivo para el diseño de un posible ataque en el futuro.La comunicación, clavePor ello, los expertos igualmente coinciden en que las conclusiones sean cuando sean «tendrán que ser «transparentes, públicas y manejadas desde el departamento de comunicación de la empresa en cuestión». Y es que «el apagón que afectó a España, Portugal y sur de Francia puede ser ilustrativo de cómo un deficiente manejo de comunicación en crisis puede derivar en un daño reputacional, además de patrimonial e inclusive político-regulatorio», asegura José Manuel Sierra, cofundador y CEO CarralSierra en LinkedIn.La cumbre a la que, según fuentes del entorno de la presidenta de la SEPI, tendrán que ir el mayor número posible de los ejecutivos, abordará además la forma en la que, ante situaciones como el apagón o el trato de favor hacia una «amiga de un cargo público, contratada por obligación», el departamento de comunicación de cada compañía se convierte en una herramienta clave para contener el impacto y transmitir confianza.
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