Acaba de publicar «La Justicia amenazada», un ensayo en el que aborda los principales problemas a los que se enfrenta el tercer poder del Estado desde la experiencia de sus 40 años de ejercicio profesional. El expresidente de la Sala Penal del Supremo y del juicio del ‘procés’, Manuel Marchena comparte con ABC su diagnóstico sobre la situación de la justicia en un momento de presiones constantes a los jueces por parte del poder político. Y no se muestra precisamente optimista. -Al conocer la publicación del libro muchos se preguntarán ¿por qué ahora? -Porque tengo más tiempo. No ser presidente de la Sala Penal también tiene alguna ventaja. Mi trabajo ordinario como magistrado me permite administrar mejor los tiempos.-Si tuviera que decantarse por una, ¿cuál es para usted la principal amenaza que acecha a la justicia?-Sin duda, la falta de credibilidad en los jueces. A mi juicio, haber incorporado al debate político la afirmación de que los jueces españoles practican ‘lawfare’ transmite a la ciudadanía la sensación de que quienes administramos justicia lo hacemos por motivaciones ajenas a nuestra función. Y esto es radicalmente falso. La crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial –ya en vías de superación–, el inédito escenario del Ministerio Fiscal y el uso patológico de la acción popular contribuyen a la tormenta perfecta.-¿Podemos decir que estamos en el momento más crítico de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial?- Mire, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial nunca han pasado buenos momentos. Pero en la actualidad, la permanente descalificación de los jueces por el poder político abre un escenario insólito en esa relación.-¿Cree que hay un punto de inflexión a raíz del reconocimiento de ‘lawfare’ por parte del Gobierno?-A mí me parece muy grave -y estoy convencido de que esta opinión no es aislada- que un acuerdo político incorpore entre sus cláusulas vigilar a los jueces y hacerles responsables de aquellas resoluciones que representen la práctica de ‘lawfare’ contra la ley de amnistía.-Hay quien interpretará este libro como una amenaza…-Se equivoca quien vea en este libro una amenaza. Este libro no está escrito contra nadie. Es el resultado de mi experiencia de más de cuarenta años al servicio de la administración de justicia.-¿Está en riesgo la separación de poderes en España?-Que estamos viviendo situaciones que no contribuyen a definir el espacio funcional de cada uno de los poderes del Estado, no lo dude.-El panorama no resulta muy halagüeño. Usted mismo reconoce que no hay razones para el optimismo.-Mi optimismo no puede prescindir del análisis del estado actual de la cuestión y, desde luego, hay razones para no dar saltos de alegría.-En varios momentos del libro advierte del riesgo de legislar «en caliente», incluso de forma extravagante. ¿Nos estamos tomando la justicia a la ligera?-Más que a la justicia, lo que en ocasiones se está tomando a la ligera es la actividad parlamentaria. Recurrir sistemáticamente a iniciativas legislativas que no pasan el filtro de los órganos consultivos no es un buen método.«Se equivoca quien vea en este libro una amenaza. No está escrito contra nadie»-Usted habla de varias reformas en ciernes; sin citarla, en concreto, de la que los medios hemos acuñado como ‘ley Begoña’. Advierte del riesgo de inconstitucionalidad de una ley que expulse con efectos retroactivos a acusaciones populares ya personadas. Alguno pensará que está poniendo palos en las ruedas e incluso que se está metiendo en el terreno del legislador…-Mire, yo no soy nadie para poner palos en la rueda al legislador. Pensar que mi libro puede condicionar las tareas legislativas es muy ingenuo. Lo que sí puedo hacer –lo he hecho toda mi vida a través de más de un centenar de publicaciones– es criticar un proceso legislativo y analizar críticamente los preceptos de cualquier ley.-En relación a lo anterior, otra de las cuestiones que analiza es la necesidad de limitar la acción popular. Con los partidos políticos y sindicatos lo tiene clarísimo. ¿Es el mejor momento para hacerlo?Desde luego, lo tengo clarísimo. Los partidos políticos que se constituyen como acción popular contaminan el debate jurídico y transmiten a los órganos judiciales las formas del enfrentamiento partidista. En cuanto al momento de esa concreta y específica reforma, le digo que es inaplazable.-¿Está la Fiscalía en condiciones de asumir la investigación penal?-Ese es el modelo que rige en todos los países europeos, con algún matiz en el caso de Francia. Sin embargo, creo que el momento elegido para la reforma no debería estar tan filtrado por el debate que hoy afecta al Ministerio Fiscal.«Tengo mis dudas acerca de que el Gobierno que inicialmente nombra al fiscal general del Estado pueda luego petrificarlo más allá de la legislatura»-La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del Estatuto Fiscal, ¿cree que blinda de forma adecuada al fiscal raso, cuyo trabajo por cierto usted no deja pasar la oportunidad de alabar?-El trabajo de los varios miles de fiscales que cada día promueven la acción de la justicia en defensa de la legalidad es más que encomiable. No dejaré de reconocerlo y alabarlo.-¿Alargar el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del Gobierno garantiza la despolitización del nombramiento?-No he leído el anteproyecto. Pero tengo mis dudas acerca de que el Gobierno que inicialmente nombra al fiscal general del Estado pueda luego petrificarlo por un período de años más allá de la legislatura. Pero, en fin, habría que estudiar el texto con más detenimiento.-Respecto a los aforamientos, usted dice que buena parte de ellos son prescindibles. Ahora acabamos de ver cómo el secretario general del PSOE de Extremadura se ha refugiado en la asamblea regional para protegerse del caso David Sánchez. ¿De qué aforamientos prescindiría usted?-De todos aquellos que no tienen respaldo constitucional. Los limitaría a los miembros del Gobierno, diputados y senadores. También me parece razonable la decisión legislativa de declarar aforado al Rey después de la abdicación.-Dice usted que nunca debería valorarse como una crisis del Estado de Derecho la absolución de quien ha sido presentado como el autor de un delito y que esa absolución tiene que servir para hacer más firme la creencia en una sociedad respetuosa con los derechos fundamentales. ¿Hay que creer siempre a la víctima?-Lo que hay que hacer es valorar adecuadamente las pruebas y hacerlo conforme al canon constitucional impuesto por el derecho de defensa, el principio de contradicción y, en definitiva, el derecho a un proceso con todas las garantías. La declaración de la víctima, por sí sola, nunca podrá aceptarse como un acto de fe. -Me ha llamado la atención que no aborde una cuestión que desde hace un año preocupa especialmente a los juristas, que es la extralimitación en la que está incurriendo el TC al actuar como una instancia más. No sé si quiere comentar algo de este asunto.-Precisamente no lo he abordado porque no quiero ahondar en problemas que todavía están, o pueden estar en el futuro, encima de mi mesa.-Se muestra pesimista respecto al CGPJ. Realmente el hecho de que precisamente sigan bloqueadas las dos presidencias clave del Supremo, una de ellas la que usted ha dejado, es indicativo de que no esté un Consejo tan despolitizado como se nos había vendido. ¿Qué le parece la gestión hasta el momento de la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló?-No es un buen síntoma que dos presidencias de tanta relevancia en la estructura del Tribunal Supremo sigan vacantes. Para mitigar el pesimismo tendremos que quedarnos con la idea de que se ha hecho un gran esfuerzo para cubrir prácticamente todas las otras plazas vacantes. Tengo un gran concepto de Isabel Perelló. Es una extraordinaria jurista. Lo pude comprobar con ocasión de nuestra coincidencia en una Sala de Vacaciones en la que tuvimos que validar por la vía de urgencia algunas normas dictadas por las autonomías para hacer frente a las contingencias del Covid. Además, tiene a su favor ser la primera presidenta designada por los propios vocales.
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