«Iba a ser un nuevo reglamento enfocado a acabar con las trabas, la burocracia y los obstáculos y ha acabado siendo todo lo contrario». Esta parece ser la opinión mayoritaria de abogados extranjeristas , entidades sociales y ONG sobre el nuevo Reglamento de Extranjería que ha entrado en vigor esta semana. En lo que solo puede ser descrito como un año de incertidumbre para los solicitantes de asilo en España, los principales agentes sociales que asisten a la población inmigrante en nuestro país vienen denunciando la configuración de una nueva norma que cambia las reglas del juego sin interlocución, sin explicaciones, sin participación ni escucha y con, todavía, muchas dudas. Tantas dudas como decepciones. Al poco de ser anunciado el pasado noviembre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el texto ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por una serie de organizaciones, entre ellas Extranjeristas en Red, Coordinadora de Barrios y APDHE, que explicaron a este diario que el relevo al frente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha provocado una «grave deriva» que aparece «no solo como incoherente con la línea anterior, sino que arroja un resultado desordenado y enormemente confuso respecto a la política general de inmigración».Estas organizaciones han impugnado ante el Alto Tribunal hasta treinta artículos de este nuevo reglamento, pero uno de ellos relativo a los solicitantes de asilo es el que ha provocado mayor estupor. La disposición transitoria quinta. Hasta la entrada en vigor del reglamento, un solicitante de asilo que había recibido una resolución negativa podía acceder a la figura del arraigo si su permanencia en España había sido superior a dos años, por lo tanto el tiempo que ha residido en nuestro país de forma regular, trabajando y cotizando, a la espera de una respuesta -aproximadamente dos años- no era en vano. Noticia Relacionada Inmigración estandar Si El Gobierno lleva a Aragón ante el Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menas iNÉS rUIZ-jIMÉNEZAhora, esta posibilidad se suprime y deja a estas personas con el contador a cero. Sin un tiempo de permanencia que puedan alegar, la supresión de ese requisito les aboca a transitar un periodo de entre seis meses a dos años de irregularidad antes de poder tratar de reengancharse. La intención está bastante clara, acotar la vía del asilo, hacerla menos atractiva y más inaccesible, en favor de otro tipo de procedimientos. «Lo que pasa es que es cuestionable que eso sea legal», explica a ABC Francisco Solans , abogado extranjerista y portavoz de Extranjeristas en Red. «Nosotros entendemos que la directiva comunitaria de procedimiento único -el asilo está reconocido en toda la Unión Europea como un derecho fundamental- no permite establecer una incompatibilidad radical como la que se ha hecho entre el asilo y otras formas de acceso a la regularidad». Ante el inminente limbo legal en el que se van a quedar miles de personas, los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han planteado una serie de dudas a la Secretaría de Estado de Inmigración, pero aseguran que no han recibido una respuesta clara. « Tenemos mucha incertidumbre sobre cómo se van a poder acoger estas personas a los distintos arraigos», explica Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de CEAR. Por otra parte, desde esta organización apuntan a que la mejor solución para hacer frente a esta situación sería retomar en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de miles de personas que lleva encallada desde hace algo más de un año. Según adelantó ‘El País’ el Gobierno ha retomado las negociaciones con los grupos al albor de la entrada en vigor del reglamento y sus posibles efectos negativos. «Una amplia regularización acompañada del reglamento hubiera sido la solución hace meses», apuntan.
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