Cuando apenas restan tres días para que finalice el primer plazo para presentar enmiendas a la totalidad que puedan tumbar la tramitación de la ley de reducción de jornada, los grupos del Ejecutivo de coalición juegan con la baza de comenzar a prorrogar los plazos para presentar estos vetos y así evitar una derrota inicial que ni siquiera permitiría la tramitación del proyecto de ley . Tanto el grupo parlamentario socialista como el de Sumar prevén extender los plazos de las enmiendas de forma sucesiva hasta llevar el pleno de esas iniciativas contrarias a la ley que puedan presentarse «para justo cuando finalice el actual periodo de sesiones» , indican varias fuentes parlamentarias consultadas por ABC. «Todas las leyes prorrogan siempre el trámite de enmiendas», indican en el PSOE. Será la Mesa del Congreso la que decida el martes el calendario, aunque la idea del Gobierno es que ese pleno decisorio tendría lugar hacia finales del mes de juni o, momento en el cual Junts ya tendría que tomar una decisión definitiva sobre su amenaza de enmienda a la totalidad, tal y como ha amagado en las últimas semanas. Mientras tanto, los partidos de la coalición seguirán negociando con los independentistas de Carles Puigdemont para conseguir que no presenten ese veto. Con cambios en el articulado del proyecto de ley que salió a principios de mayo del Consejo de Ministros «o con otras peticiones políticas que no estén directamente vinculadas a las 37,5 horas», aclaran esas fuentes, conscientes de que Junts tiene en cartera un amplio abanico de reclamaciones con las que puede tumbar la reducción de jornada, el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para esta legislatura.El objetivo del Ejecutivo pasa por extender los plazos todo el tiempo posible con tal de que la ley siga en el Congreso, aunque prácticamente se encuentre congelada su tramitación. Si la ley no llega a tramitarse, volvería al diálogo social para iniciar una nueva andadura de meses. Si consigue arrancar en la Cámara baja, el Ejecutivo es consciente de los numerosos cambios que se introducirán, tal y como han pedido las patronales al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha ejercido de contrapeso a Yolanda
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