Arrecia el debate sobre la gestación subrogada en España. Un documento publicado por el Comité de Bioética de Cataluña (CBC), órgano asesor del gobierno catalán en esta materia, aboga por legalizar los vientres de alquiler en nuestro país siempre que sea «bajo supervisión pública» y en el supuesto de que la gestante no reciba remuneración o compensación económica alguna por llevar a término el embarazo. El pronunciamiento llega apenas dos semanas después de que el Gobierno apruebe una instrucción que impide inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero, una práctica considerada ilegal en nuestro país, y tras varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) que declaran nulos de pleno derecho los contratos con este tipo de transacciones porque vulneran los derechos de la mujer gestante y del bebé. Aunque Cataluña no tiene competencias para regular estas prácticas y los informes del CBC no son vinculantes, expertos en Bioética y Derecho consultados por ABC ven el pronunciamiento del comité, del que forman parte un coordinador y un secretario el departamento de Salud, como «una provocación» por llegar en un momento en el que el «Gobierno ha marcado líneas rojas» en esta cuestión, que apuntan en un sentido totalmente contrario.Noticias relacionadas estandar No Carta abierta de Ana Obregón a su hijo Aless en el quinto aniversario de su muerte: «No sufras cuando critican a tu mamá» A.B. Buendía estandar Si El Gobierno restringe la gestación subrogada en los países con más garantías Elena CalvoEl informe ‘La gestación subrogada. Reflexiones y propuestas para a una posible regulación’, encargado al comité de expertos por el anterior Ejecutivo de Esquerra (ERC) y que se ha hecho público ahora con una socialista ( Olga Pané ) al frente de la Consejería de Salud, defiende esta práctica con el objetivo, según puntualiza, de «proteger» a bebés, gestantes y familias. «Creemos que la regulación en el Estado, sin intermediación económica de agencias y otros actores, desde el control y la supervisión pública, haría más equitativo el acceso a la ella», arguyen los autores de la publicación, adelantada por el diario ‘Ara’ y consultada por este diario. El comité de expertos catalán es consciente de lo que supone romper una lanza a favor de los vientres de alquiler en plena ofensiva del Gobierno para desterrar este tipo de gestación y tras varias sentencias judiciales que también la censuran pero considera que no afrontar el debate implica «seguir exportando una demanda social real, basada en el deseo legítimo de tener descendencia, con riesgos de discriminación elitista, explotación de mujeres vulnerables y mercantilización». La gestación subrogada es una práctica prohibida en España en todos los casos. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, establece en su artículo 10 que la filiación viene determinada por el parto y que es nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato de gestación subrogada. Esta prohibición y nulidad de pleno derecho es reiterada por los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica (LO) 1/2023, de 28 de febrero, de modificación de la LO 2/2010, de interrupción voluntaria del embarazo. Voto particular en contraPese a la vigente prohibición en España, los expertos del Comité de Bioética catalán (con la excepción de uno de sus miembros, el doctor José Viñas que ha emitido un voto particular en contra) consideran en su informe que «ante una realidad presente desde hace años y que se incrementa progresivamente debido a los cambios sociales, al retraso de la maternidad y a otros factores, habría que plantearse una regulación de esta práctica dentro de un marco de control y supervisión pública , que sea respetuosa con los derechos de todas las partes (en especial, los del bebé y la mujer gestante) y que al mismo tiempo vele por evitar la mercantilización». «Si bien no está reconocido un derecho a tener hijos como tal y la gestación subrogada es una opción moralmente compleja, el CBC acepta que una mujer, de forma libre y informada, pueda gestar por otros en determinadas condiciones y con una supervisión legalmente establecida», señalan los expertos. Añaden que «por otra parte, en el contexto actual sólo aquellas personas que disponen de recursos económicos o pueden conseguirlos tienen posibilidad de acceder a esta práctica». Una «compensación justa»En su informe , el CBC puntualiza, asimismo, que aunque no puede ser una práctica remunerada, la gestante puede recibir «una compensación justa» para sufragar «los gastos, el esfuerzo y los riesgos que implica un embarazo con todos sus componentes (médico, social, psicológico, económico, laboral, etc.)», a la que podrá renunciar si lo desea. En su posicionamiento en contra del informe José Viñas apunta que este tipo de prácticas usan a la mujer (gestante) como un medio para dar satisfacción al deseo de otras personas de tener un hijo con vinculación genética, lo que «va en contra de los principios éticos descritos por Kant y recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos» y «representa un retroceso en los derechos adquiridos de las mujeres contra el machismo y en la igualdad». Su posicionamiento va en la línea de los expertos consultados por ABC. Todos confiesan «desconcierto» por el momento en el que emite el pronunciamiento del comité catalán y apuntan a «posibles intereses económicos».Itziar de Lecuona , doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Barcelona (UB) expresa en declaraciones a ABC su sorpresa por el pronunciamiento del Comité de Bioética, del que formó parte hace años. «Llama la atención el informe y que el CBC se pronuncie a favor de la gestación por sustitución en contra de la tendencia, pues el contexto de política normativa actualmente es otro, y en el momento de hacer propuestas para regular el contexto es determinante», afirma De Lecuona, directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD).Recuerda que el Observatorio de la UB publicó en 2019 un documento al respecto posicionándose en contra de este tipo de gestación. «Lo hicimos en un momento en el que precisamente se había presentado una propuesta de regulación favorable a la aceptación de la gestación por sustitución por parte de Ciudadanos y el gobierno parecía estar dispuesto a ello», señala la experta. «Nos posicionamos y hoy seguimos posicionándonos en contra de esta práctica. Defendemos que no deber ser una alternativa legal para tener descendencia porque atenta contra la dignidad y los derechos de la mujer y de los futuros nacidos y supone una mercantilización del cuerpo humano y explotación generando situaciones de vulnerabilidad», enfatiza. Sus pronunciamientos los suscribe también la profesora María Casado, fundadora y responsable durante años del Observatorio de Bioética de la UB y coordinadora del informe de 2019. «Expusimos entonces –añaden Lecuona y Casado –, los argumentos por los cuales estábamos en contra, y el citado documento incluía un anexo que, para el caso de que el gobierno optase por regular, se establecieran las líneas rojas que nunca deberían ser traspasadas». Recuerda que en aquel momento «la tendencia era a favor y no como ahora que es totalmente en contra».«Las prácticas transnacionales sobre el cuerpo humano y sus partes o aquello que ocurre en otros lugares no justifica la necesidad de regular aquí. Recuerdo que en 2019 se cerró la puerta de Ucrania para parar estas prácticas, días después de la rueda de prensa y publicación de nuestro documento.… En la gestación por sustitución subyacen intereses múltiples y la bioética debería contribuir a explicitarlos, no a darles cobertura», arguye Lecuona. «Esos intereses -añade- podrían venir determinados por iniciativas dedicadas a la reproducción humana asistida (muy lucrativa), que en muchos casos ofrecen como un servicio más la maternidad subrogada, cuando ni mucho menos lo es. Y por las agencias intermediarias que actúan como un lobby económico potente y que deberían prohibirse. Parece que los criterios mercantiles se priorizan sobre la protección de los derechos. Las personas deben estar fuera del mercado. No toda relación humana puede ser absorbida por la dinámica del mercado».«En definitiva, la regulación podría venir motivada por las presiones del mercado y promovería la explotación de personas puesto que el pretendido altruismo no sería tal y la dificultad radica en reconocer derechos sin promover la explotación», subraya Itziar Lecuona. «No se pueden confundir deseos con derechos. Y de de los hechos no se derivan derechos», aclara la profesora.Por otro lado, desmiente que no haya debate sobre esta cuestión. «Si que ha habido -no como señala el informe del CBC- . La inercia no va a favor y ya no es cuestión local o nacional sino que hay sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en este sentido», puntualiza.«En relación al informe catalán, sería oportuno conocer las razones por las cuales han decidido llevarlo adelante, pues al ser un órgano independiente pluridisciplinar y asesor del gobierno se trataría de explicar a la ciudadanía el por qué de la propuesta», concluyen las expertas que suscriben, según apuntan, el voto particular en contra del informe del doctor Viñas.«Me parece una barbaridad»Desde la asociación Abogados Cristianos su presidenta, Polonia Castellanos , expresa su «sorpresa» por la publicación que, según afirma, «atenta contra los derechos de las mujeres». «Me parece una barbaridad, sobre todo ahora que hay una postura unánime sobre este tema», dice Castellanos y se pregunta «qué intereses pueden haber tras el informe». «En este tipo de pronunciamientos tan ideológicos suelen haber intereses económicos que subyacen», asegura la responsable de la asociación de juristas. Denuncia también que «en Cataluña hay un interés en avanzar hacia un determinado sentido en este tipo de temas tan sensibles, también en materia de aborto y eutanasia. La comunidad siempre se posiciona en contra de la vida en general y de la mujer ».Fuentes de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres consultadas por ABC consideran que «un comité que se pronuncia en el sentido de que el cuerpo de las mujeres y sus capacidades reproductivas pueden ser objeto de explotación, será un comité, pero no es un comité ético». Apuntan a «intereses económicos y comerciales» como causa del pronunciamiento. En este sentido, precisan que «se da la circunstancia de que seis personas de ese Comité son miembros de empresas farmacéuticas o de clínicas de reproducción humana que tienen intereses comerciales en la legalización de esa práctica».«Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres pensamos que dicho Comité está contaminado por los intereses de empresas de la industria farmacéutica y de la reproducción humana, lo que descalifica sus opiniones que deben, por tanto, ser desechadas por intereses económicos que les animan a explotar las capacidades reproductivas del cuerpo de las mujeres», concluyen. Fuentes de la Consejería de Salud consultadas por este diario prefieren no pronunciarse con respecto al documento.
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