La Fiscalía Superior de Cataluña se opone a la petición de indulto a Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Fue una exdecana de la entidad la que formalizó un escrito para pedir la suspensión total de la pena, y ahora el Ministerio público la rechaza al entender que la sentencia que se impuso a Borràs por prevaricación obedece a su «abuso de poder» por «favorecer a un amigo». Así reza el escrito, que rechaza la concesión de la medida de gracia, « ya sea total o parcial », al considerar que la conducta delictiva de la también expresidenta del Parlament es «claramente merecedora de la imposición de las penas previstas» para evitar «la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones públicas». Así lo afirma la fiscal Assumpta Pujol, que recuerda que la petición de indulto no es «el camino adecuado» para alegar vulneración de derechos fundamentales, tal y como hizo la solicitante, la escritora Margarida Aritzeta. Sino que, en ese caso, habría que formalizar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cabe recordar que el pasado marzo, el tribunal que condenó a Borràs, dictó un auto en el que acordó elevar al Gobierno la propuesta de indulto parcial en favor de la expresidenta del Parlament respecto a la pena de cuatro años y medio de prisión -confirmada por el Supremo- que le fue impuesta por prevaricación y falsedad documental, y suspendió su ingreso en prisión. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como ya incluyó en su sentencia, solicitó el indulto para que afecte únicamente al tiempo que supera los dos años de la pena impuesta, al considerar que «excesiva la duración de la pena privativa de libertad». Noticia Relacionada estandar Si El tribunal que juzgó a Borràs pide su indulto parcial y suspende su ingreso en prisión Elena Burés La decisión del TSJC cumple con lo anticipado en la sentencia dictada en 2023, confirmada ya por el Supremo y declarada firmeUna resolución que no afecta a la pena de trece años de inhabilitación impuesta a Borràs, y tampoco a la multa de 36.000 euros que tendrá abonar. Ahora, la Fiscalía Superior de Cataluña rechaza que pueda beneficiarse de la medida de gracia y apunta además, en base a declaraciones de la propia condenada, que no está «reeducada ni rehabilitada socialmente» y, por tanto, «no se ha alcanzado la finalidad de prevención especial que persigue el cumplimiento efectivo de las penas impuestas». Es más, la fiscal recuerda que a Borràs se la condenó por « hechos delictivos enmarcados en el ámbito de la corrupción , cuyo perdón del cumplimiento total o parcial de la pena afecta de forma negativa a la percepción de la Justicia, alimentando la creencia de que la ley es inefectiva o que la Justicia es arbitraria; lo que podría fomentar la comisión de nuevos delitos».
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