Más de seis millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 30.000 millones para la Seguridad Social y las empresas han convertido la gestión de la incapacidad temporal en el segundo gasto más elevado para el organismo que paga las pensiones, y en el quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios. Fracasados los intentos de controlar los abonos, y cerrada la puerta a que las mutuas puedan dar altas , la nueva vía se centra el controlar las ausencias al trabajo, en especial las de más de un año, desbocadas. Los datos que elaboran las mutuas constatan que el número de procesos de más de 365 días han crecido casi un 300% desde 2019, el año anterior a que estallara la pandemia. Entonces llegó el Covid y dejó cifras de absentismo difíciles de digerir, tanto por el aumento de la duración como del coste que supusieron para el erario público y las empresas. Las bajas de más de un año se apuntaron en 2020 su máximo histórico, en octubre, con 118.143 procesos, para un año después, en 2021, comenzaron a descender, hasta que el pasado año se situaron en 133.341 , un 289% más que en enero de 2019.Ante este panorama el Gobierno ha activado una reforma exprés para negociar con empresarios y trabajadores que pone la lupa sobre las ausencias al trabajo de más duración y que monitorizará al trabajador durante su baja; la sanidad pública contará con todos los detalles sobre la evolución de la salud del enfermo. Así, cuando el médico emita el parte de confirmación porque el proceso de incapacidad temporal va alcanzar el año de duración se deberá incluir información sobre los motivos por los que se van a superar los 365 días, también la propuesta de fecha de la revisión médica y si el trabajador está pendiente de consulta con el especialista.Altas progresivasComo avanzó ABC, los cambios que tiene previstos la Seguridad Social incluyen una fórmula que permitirá la gradualidad en la incorporación del trabajador a su puesto tras recibir el alta en esos periodos prolongados de baja por motivos, por ejemplo, como el cáncer. Esta nueva regla se aplicará en bajas de más de 180 días con una duración máxima de 30 días y afectará tanto a los que tengan una jornada completa, como a tiempo parcial, y en este último caso superior al 80% de la jornada ordinaria .El texto enviado al diálogo social especifica que durante la reincorporación progresiva se trabajaría la mitad de la jornada habitual con la percepción de la parte correspondiente del salario. De forma paralela, se cobraría una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad por la mitad de la jornada que no trabaja.PluriactividadLa reforma también afecta a los que están pluriempleados, y permitirá que desempeñe la actividad para la que «no se encuentren impedidos», de forma que en el momento de la baja se emitiría un parte para una y para otra no.Los cambios previstos incluyen la creación de equipos de valoración de incapacidades centralizados, que recibirán expedientes de toda España y de todas las unidades médicas. «Se pretende profesionalizar estos órganos colegiados -dice la Seguridad Social- y unificar criterios en la evaluación de las incapacidades, homogeneizando la incidencia de la incapacidad permanente en todo el territorio y liberalizar recursos de la direcciones provinciales del INSS para una mejor gestión de la incapacidad temporal».La batería de medidas del departamento que dirige Elma Saiz niega a las mutuas la posibilidad de dar altas, como llevan reclamando estas desde hace años como fórmula para agilizar los procesos y ahorrar costes. Si prosperan los cambios, estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán «formular la propuesta de alta» por incapacidad permanente a la inspección, que seguirá teniendo la última palabra. Para las contingencias profesionales de más de un año se mantiene el esquema del INSS o la mutua, dependiendo de quién tuviera la competencia antes del día 365.Base asociativa de 1.420.000 empresasComo punto más polémico, son las modificaciones que se plantean en la gobernanza de la mutuas con el objetivo de reforzar su tutela por parte de la Seguridad Social y la participación de empresarios y sindicatos. Fuentes de la patronal de las mutuas, AMAT , explican a ABC que no entienden por que se relacionar la gobernanza de las mutuas como un objetivo para mejorar la IT, tras remarcar que «la gobernanza de las mutuas es impecable, toda vez que están fiscalizadas por la intervención general de la Seguridad Social y por el Tribunal de Cuentas , pero sobre todo, porque su base asociativa está formada -explican- por más de 1.420.000 empresas que forman sus asambleas y juntas directivas, que son las que tienen la responsabilidad sobre estas mutuas, y eso no se puede cuestionar».¿Que mayor representación empresarial que el 98% de las empresas españolas asociadas a las mutuas se está buscando?, se preguntan las fuentes de la patronal consultadas por ABC. Detallan que la dirección y tutela de la Administración sobre las mutuas, «existe y se ejerce desde hace décadas, en lo referente a las prestaciones públicas, en cuya gestión colaboran» pero que « el gobierno de las mutuas como organizaciones, sus políticas, sus estrategias, su organización interna y la toma de decisiones para su gestión, corresponde a sus juntas directivas, a las empresas asociadas, a los que tienen la responsabilidad». Más peso de los sindicatos Las mismas fuentes recuerdan que «los sindicatos, por celo y exceso seguramente, están desde hace décadas en las comisiones de control y seguimiento, y en las de prestaciones especiales de las mutuas, incluso existe -prosiguen- un representante de los trabajadores en las juntas directivas». Sospechan que la reforma sirva para aumentar la representación sindical en las mutuas, aunque «ya tienen más que suficiente en relación con su nivel de responsabilidad», concluyen.Como conclusión, una vez analizada la reforma que ha elaborado el departamento de Elma Saiz , desde AMAT se asegura a este medio que «las mutuas no son el problema de la incapacidad temporal por contingencias comunes, son la solución». Y añaden: «Sería muy deseable que en el documento se incluyera que las mutuas puedan realizar una gestión integral de los procesos de baja por contingencias comunes, y se les facultará para poder dar el alta médica . Esa sí es una medida que ayudaría algo, a paliar este enorme problema del absentismo laboral».
Leave a Reply