Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración en Madrid para el sábado 28 de junio frente al Tribunal Supremo contra las reformas de la carrera judicial y fiscal y, posteriormente, una huelga en la Justicia para los próximos 1,2 y 3 julio en el caso de que esos proyectos legislativos no se retiren por parte del Ministerio de Justicia. Esta iniciativa se suma al paro de diez minutos que tuvo lugar el pasado miércoles ante todos los órganos judiciales de España y que fue seguido, según los convocantes, por un 70 por ciento de ambos colectivos. La concentración del sábado, 28 de junio, a las 12:30 horas será frente al Tribunal Supremo y está abierta «a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general«. Según sus organizadores, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales, se »trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del poder judicial como pilar fundamental del Estado de derecho». El lugar no deja de ser representativo, pues es precisamente en este edificio donde se examinan los opositores después de «largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad». Noticia Relacionada estandar Si El Congreso desoye a los jueces y fiscales y sigue adelante con la reforma que modifica el acceso a la carrera Nati VillanuevaAsí lo explican en un comunicado a la carrera judicial y fiscal la mayoritaria Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Alertan de que estas reformas legislativas, tanto el nuevo acceso a la carrera como la modificación del Estatuto fiscal, comprometen gravemente los principios de independencia judicial , separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal. Sobre la primera de estas reformas, en las que se potencia el cuarto turno y se pretende regularizar a más de mil jueces sustitutos en detrimento del «mérito y capacidad» de las oposiciones libres, advierten de que no responde a ninguna demanda social ni contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, «incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho».Respecto a la segunda, paso previo a la asunción por parte de los fiscales de las causas penales que hoy instruyen los jueces, consideran que supone una «oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas« . Más bien al contrario creen que el nuevo texto supone un retroceso, pues en vez de blindar al fiscal de a pie, incrementa «injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora». En el comunicado señalan que en paralelo a estas movilizaciones, las asociaciones «han desplegado una intensa agenda institucional, que incluye reuniones tanto con grupos parlamentarios como con operadores jurídicos relevantes«, con el fin de trasladar sus preocupaciones y solicitar la retirada de las reformas. Este martes, por ejemplo, los representantes de las asociaciones tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios popular y socialista. Estrategia ante Europa Según han comunicado a ambas carreras, las asociaciones han diseñado también una estrategia internacional de defensa del Estado de derecho intensificando contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea.Recuerdan que los Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía.A su juicio, las reformas propuestas «vulneran dicho estándar europeo , al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español«. Han instado, además, a las instituciones europeas competentes a que ejerzan un «escrutinio riguroso y preventivo», conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso.«La defensa del Estado de Derecho y de nuestra función institucional como jueces y fiscales exige la máxima implicación», señalan en su llamamiento a ambas carreras.
Leave a Reply