Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz asesinado con 8 años en Níjar en 2018, se ha sentado este martes en el Senado ante los miembros de la Comisión de Interior y Justicia. «Un relato muy duro, es imposible ponernos en el lugar de una persona que tiene que luchar por sus propios derechos y por el de su hijo que no se puede defender», ha concluido el presidente de esta comisión y senador, Fernando Martínez-Maíllo.Todos los grupos políticos sin excepción aprobaron su comparecencia, una sesión inédita, ya que no es habitual que se hagan a título personal con una historia «tremendamente dolorosa». Patricia ha intervenido durante noventa minutos, muy emocionada, pero ha sido capaz de exponer las irregularidades que se están cometiendo con la asesina de su hijo , Ana Julia Quezada, en la cárcel de Brieva en Ávila donde cumple prisión permanente revisable. «Les solicito un pacto de estado porque este asunto es de especial trascendencia. Del mismo modo que lo hicieron con la violencia de género en 2017, lo pido para las víctimas de violencia como asesinatos, agresiones sexuales, pederastia ….porque ninguna víctima nos merecemos que nos sigan haciendo daño, no somos actores, la muerte de Gabriel no es un espectáculo», ha defendido Ramírez. En esta comparecencia ha querido que su hijo estuviera más que nunca presente, lo ha hecho con la foto de uno de sus últimos recuerdos , cuando fueron a la nieve y el llevaba una bufanda azul, la misma prenda que le acompañó durante todos los días de búsqueda del niño. «Esta foto sirvió para encontrarlo pero también para lanzarlo al porno, al gore…desvirtuaron un momento precioso», ha dicho entre sollozos. Patricia se ha mostrado animada por haber logrado generar un debate en torno a la modificación del estatuto de las víctimas. «Me quiero retirar a la intimidad, no quiero exponerme más públicamente , si ustedes me pueden ayudar a conseguirlo se lo agradezco», les ha dicho para concluir a los senadores presentes. Gracias a la intermediación de la Guardia Civil, la madre de Gabriel, recibió este lunes la llamada de la propietaria de la productora que está realizando grabaciones a Quezada. La intención es parar el documental o ‘true crime’ con la versión de la asesina, pero confía en que esta buena voluntad se traslade al papel y quede un compromiso por escrito. En los próximos días, Patricia interpondrá una querella a Ana Julia y de forma subsidiaria a Instituciones Penitenciarias en la que reflejará que la asesina de su hijo ha intentado grabar un documental saltándose las normas y utilizando unas comunicaciones que no son adecuadas para ello, además del ánimo de lucro. También, presentará una denuncia ante la Guardia Civil con una serie de hechos penales de gravedad que están sucediendo en la prisión de Ávila. «Revelar lo que está ocurriendo podría llevarnos a que no se pueda investigar. Se nos ha trasladado por diferentes fuentes diversas. Sabemos que hay teléfono móviles y complicidad de diversos funcionarios», ha dicho. En una carta recibida hace semanas, el centro penitenciario le informaba que «no puede asegurar que la relación entre estos profesionales y la interna se lleve a cabo por otros medios, como pueden ser las comunicaciones escritas».Víctimas frente a asesinosAsí, la prisión contestaba a su consulta sobre las comunicaciones de Quezada con los periodistas. «Esta es la única respuesta que he tenido. Creo que lo primero que hay que plantear cuando se dan derechos con las consecuencias y que no se conviertan en armas arrojadizas contra las víctimas. No estoy en contra de que los presos se comuniquen pero no para todos, por su capacidad criminal o de reincidencia», ha señalado. De este modo, Ramírez ha recordado que Ana Julia está condenada por actos que van contra la vida y contra el honor, y que le están permitiendo que lo vuelva a hacer . Por eso, no entiende cómo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó este lunes que había que «conjugar los derechos de internos y víctimas».«Existía una responsabilidad con nosotros para abrir el caso de la muerte de su hija en Burgos» Patricia Ramírez«¿Qué ocurre con sus cuentas o con su casa en la República Dominicana? Tiene derecho a abogados, a cobrar porque trabaja en prisión, pero no a que se investiguen sus antecedentes. Existía una responsabilidad con nosotros para abrir el caso de la muerte de su hija en Burgos y de los maridos que fallecieron y cobró seguros . Esto es mucho más importante que se le ponga un micrófono para que cuente su verdad y nos pague la responsabilidad civil», ha proseguido.La madre de Gabriel ha vuelto a insistir en que no se protegen los derechos de las víctimas ni de sus familias. Por ello pide a todos los grupos políticos que este martes estaban durante su comparecencia en el Senado que «no politicen a las víctimas» y que les ayuden, no solo a ella sino a otras personas que pasan por circunstancias similares y puedan pasar el duelo y rehbilitarse.
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