La acusación popular que ejerce Manos Limpias en la causa por la que está procesado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su subordinada Pilar Rodríguez, que se llame a declarar como testigos al juicio al ex jefe de Gabinete de Presidencia y hoy ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la que era su número dos, Pilar Sánchez Acera, en relación con la filtración del correo en el que se difundieron datos confidenciales de Alberto González Amador.En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, Manos Limpias atribuye al fiscal general un delito de revelación de secretos y subsidiariamente, el delito de infidelidad en la custodia de documentos del 415 del Código Penal (la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo). El primero está castigado con prisión de cuatro años y suspensión de empleo o cargo público por tres años, además de multa; el segundo, con inhabilitación de tres años y multa. La acusación popular sostiene que el correo en el que la defensa de González Amador reconocía dos delitos fiscales «no se puede desligar del marco de reserva y confidencialidad propio de las relaciones entre abogado y cliente», marco en el que se canalizan unas conversaciones, «sujetas a igual sigilo, con Fiscalía, en la búsqueda de un pacto de conformidad penal». Este deber de reserva fue vulnerado por el fiscal general, quien tras recibirlos en su correo, procedió a darle publicidad. El querellante en ningún momento consistió, prosigue, que se divulgasen «datos tan sensibles, afectantes a su intimidad, como los que había en este correo». «No hay duda de que el acusado, que ostenta la condición de fiscal general del Estado, estaba legitimado para acceder al documento, por lo que nos hallamos ante un supuesto de exhibición o entrega del documento secreto a un tercero no autorizado: su remisión, tanto de forma directa como a través de la Presidencia del Gobierno, a los medios de comunicación social, para su difusión pública».La consumación de esa infidelidad subsidiaria a la revelación de secretos se produjo en el momento en que su reserva fue comprometida dolosamente.Además de la testifical de los cargos de Moncloa, Manos Limpias pide que testifique el entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Juan Lobato (a quien Sánchez Acera envió el correo cuando ningún medio lo había publicado todavía); el fiscal Julián Salto, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra o los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía Genera, Íñigo Corral y Mar Hedo, respectivamente. A ellos se suman dos periodistas: el de la Ser que publicó el contenido del correo Ángelica Rubio, directora de El Plural que el día 14 de marzo publicó la imagen del mail para que, según la acusación, Lobato pudiera exhibirlo en la Asamblea de Madrid, pues se negó a hacerlo hasta que algún medio lo publicara antes.
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