Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , y que le condene a cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos, según está expuesto en el escrito de acusación al que ha tenido acceso ABC.En ese texto, de 73 páginas, también reclama tres años de prisión por el mismo delito para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, de las penas exigen una multa para el fiscal general del Estado de 108.000 euros y para Rodríguez, otra de 36.000 euros. También, solicita que los dos acusados le «indemnicen los perjuicios morales causados» con 300.000 euros.El escrito de acusación repasa minuciosamente los acontecimientos que en el seno de la Fiscalía se desarrollaron entre el 7 y el 14 de marzo: desde que el Ministerio Publico se percató de que el investigado por presunto fraude fiscal era González Amador hasta la elaboración de la nota de prensa en la que se también se revelaron datos de carácter confidencial que afectaron de forma directa al derecho de defensa de la pareja de Ayuso.El papel de García Ortiz en la revelación de secretos fue crucial , a juicio de la acusación particular, pues antes de que la Cadena Ser publicara «la transcripción literal» del correo en el que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales, ningún medio había tenido acceso a ese mail. La revelación formaba parte de la «construcción de un relato institucional directamente orquestado, desarrollado y perseguido por García Ortiz, oculto, eso sí, bajo el pseudónimo de la Fiscalía de Madrid».La acusación particular ahonda, además, en el papel de Moncloa en la filtración al asegurar que, «a partir del 12 de marzo (un día antes de la filtración) tras trascender en ‘elDiario.es’ la investigación tributaria al novio de Ayuso, pasó a formar parte del contenido de la política de comunicación del Gobierno de España y del PSOE en manos de Francesc Vallès». En esa misma línea, relata el papel del recientemente caído Santos Cerdán en el asunto al asegurar que «la mañana de la filtración, el 13 de marzo de 2024, Cerdán se pusiera en contacto con el portavoz socialista madrileño Juan Lobato para transmitirle que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a pedir la dimisión de Ayuso en el Congreso, como así sucedió. «Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso», le dijo».El relato de cómo García Ortiz borró su rastroDel mismo modo, explican las actuaciones técnicas como el análisis pericial del terminal clonado en el registro de su despacho profesional ni la información remitida a los operadores WhatsApp y Google «no han permitido rescatar los hechos digitales por el protagonizados», «fruto», según su relato de «las operaciones del acusado de cambio de terminal telefónico y de borrado de las copias remotas de los soportes».El escrito también explica cómo, en su opinión, García Ortiz «ha procedido la eliminación de todos los soportes remotos donde debería estar alojada su inocencia, y posee en sus manos el soporte de registro local del que debería aflorar su inocencia (el teléfono móvil Samsung Galaxy A52), decidiendo no aportarlo al órgano al que nos dirigimos para que la imparcial fuerza actuante (UCO) pueda someterlo a su pericia, y ello por evidentemente contener unos (los borrados) y otros (los no entregados) el registro detallado de su actividad delictiva». «Nula actuación de la Fiscalía»También hay comentarios y alusiones «a la nula actuación de la Fiscalía durante esos días y momentos anteriores a la filtración: ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Provincial de Madrid iniciaron investigación alguna, ni por la revelación de la denuncia, expediente tributario y diligencias de investigación, ni por ninguna otra de las que le sucedieron».Igualmente, «tampoco efectuaron comunicación a González Amador de violación de seguridad alguna», «ni efectuaron comunicación a la Autoridad de control de datos de violación de seguridad alguna ni se dirigieron a los medios de comunicación y periodistas que habían publicado informaciones sobre el expediente tributario «para que cesaran en el tratamiento no permitido de los datos contenidos en las diligencias de investigación de la Fiscalía».
Leave a Reply