Pese a que la exposición de motivos del anteproyecto del Estatuto Fiscal habla de «una reforma amplia en todo lo referente a la organización de la Fiscalía» con el objetivo de prepararla para que los fiscales asuman las investigaciones penales, lo cierto es que lo acometido por el Gobierno es una «modificación parcial de la institución sin replantearse un nuevo diseño integral». Así lo considera el Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha aprobado por unanimidad el informe preceptivo (aunque no vinculante) del anteproyecto de ley del ministro Bolaños que, junto con la ley de acceso a la carrera, ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales.En su dictamen, de 109 folios, los vocales consideran que, aunque el principio de independencia del Ministerio Fiscal no está expresamente proclamado en nuestra Constitución forma parte de la institución desde el momento en que ésta está regulada con el Poder Judicial. «Por ello ello, asumiendo, como no podía ser de otra manera, este principio de independencia, conforme al esquema diseñado por el artículo 124 de la Constitución, se debería haber destacado desde el primer artículo (del nuevo Estatuto) el carácter de órgano independiente, no sujeto a las directrices de ninguno de los poderes del Estado«.Aunque el CGPJ alaba que en el plano de la autonomía orgánica y funcional se establezcan límites a las solicitudes que el Gobierno puede dirigir al fiscal general del Estado, prohibiendo que puedan tener por objeto procedimientos concretos y también aplaude la transparencia exigida a las comunicaciones, pero critica que el órgano no incorpore «una prohibición expresa y taxativa» de dirigir al fiscal general «órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo , en línea con lo previsto para la Fiscalía Europea». Además, critica el hecho de que el anteproyecto no atribuya al Ministerio Fiscal «potestad reglamentaria ni capacidad de gestión presupuestaria» y que la institución continúe sin presupuesto propio, «condición necesaria para que exista una autonomía funcional». Los vocales se muestran reacios también con la merma de competencias del Consejo Fiscal que la reforma regula, porque se queda como un órgano consultivo sin que tenga capacidad decisoria. «Esta modulación del papel del Consejo Fiscal como órgano representativo de la carrera fiscal no parece estar en línea con el propósito de reforzar la autonomía también en el ámbito interno».
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