El juez que investiga al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por cobrar presuntamente mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes, Koldo García, ya tiene sobre la mesa el contrato de compraventa de participaciones por el 45% de la compañía navarra Servinabar, una de las adjudicatarias que habría pagado comisiones ilegales a la trama, por parte del político navarro.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado Leopoldo Puente, como éste solicitó, el documento, que figura firmado en sus cuatro páginas tanto por el recién dimitido número tres del PSOE Santos Cerdán como por el propietario de dicha compañía, Joseba Antxon Alonso, también investigado en la causa y a quien se requisó el contrato en su domicilio de Elorrio (Vizcaya).Según el documento al que ha tenido acceso ABC, con fecha de 1 de junio de 2016, Joseba Antxon Alonso «vende y transmite 1.350 participaciones sociales, números 1.650 a 3.000, ambos inclusive de la sociedad mercantil Servinabar 2000 SL, a Don Santos Cerdán León, que compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros , que el comprador declara como recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago«. Tanto la compañía vendedora como Santos Cerdán negaron la compra y el político pidió al juez poder ir a un notario para comprobar el »documento privado«. Noticia Relacionada estandar Si Servinabar, la constructora en el origen de la trama Koldo Xavier Vilaltella La Guardia Civil sitúa a esta empresa navarra en el germen de la asociación entre Koldo y CerdánLa empresa con la que Cerdán tendría vinculación desde dos años antes de que Pedro Sánchez llegase al Gobierno recibió posteriormente el contrato de los túneles con un valor total de 77 millones de euros.Formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona -la compañía del Ibex que también habría pagado mordidas a los implicados, según el informe de la Guardia Civil entregada al juez el 5 de junio- para la construcción de unos túneles en Belate (Navarra). Éste es uno de los cinco contratos de obra pública investigados en el Tribunal Supremo por si conllevó comisiones ilegales para los tres implicados.El pasado 10 de junio, la Guardia Civil registró tanto el domicilio de su propietario como la sede de la compañía en la céntrica calle San Nicolás de Pamplona. Durante el registro en la casa de Elorrio, los agentes requisaron 16.180 euros en efectivo. Se encontraban repartidos en tres bolsas zip en billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 euros, según el informe policial.
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