Un nuevo voto particular a la sentencia que avaló la amnistía pone de manifiesto irregularidades por parte del presidente del Tribunal Constitucional en la tramitación del recurso del Partido Popular contra la ley. Se trata del que firma la magistrada Concepción Espejel, que se dio todo el fin de semana para depurar y firmar su anunciada disconformidad en un demoledor escrito de 95 folios en el que, junto con cuestiones comunes a sus otros tres compañeros de la minoría, denuncia que Conde-Pumpido dio la ponencia de la amnistía a dedo a su número dos, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, la misma que el año anterior asumió también los recursos de los ERE condonando la malversación de los altos cargos socialistas de la Junta y del expresidente Griñán.Noticia Relacionada Catedr. de Constitucional de la Universidad del País Vasco estandar Si Javier Tajadura: «Conde-Pumpido ha estado más atento a las indicaciones del Gobierno que a otra cosa» Nati Villanueva El jurista asegura que el fallo del TC supone una «reforma fraudulenta» de la Constitución y critica las «prisas» del presidente por tenerlo antes del veranoTras conseguir apartar al ponente original de este recurso, al magistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías, admitiendo para ello recusaciones extemporáneas y en bloque incluso sobre procedimientos en los que ni había sido cuestionado, el propio presidente designó ponente a Inmaculada Montalbán por acuerdo de 29 de enero de 2025 señalando que «por reparto» le correspondía. « No tengo conocimiento de esa norma de reparto –apunta Espejel–. Sí me consta que, en otros casos, tras las correspondientes abstenciones, a las que deberían equipararse los supuestos de recusación (el caso de Macías), el turno ha girado comenzando por el magistrado más moderno, por lo que la ponencia no hubiera recaído en la vicepresidenta del Tribunal», señala Espejel en su voto particular, al que ha tenido acceso ABC. Apenas unos días después se anunciaba la creación por la ponente de un grupo de trabajo «para el estudio del recurso y preparación del borrador de la ponencia», un grupo en el que, como informó ABC, participaron varios letrados de la llamada mayoría progresista, entre ellos el del propio presidente, liberados del resto de asuntos del Tribunal.Espejel alude también al hecho de que tanto ella como los magistrados de su grupo se enteraran por los medios de comunicación del contenido de la ponencia y de los días en los que el Pleno iba a deliberar. «Es incalificable el hecho de que la prensa tuviera noticia del contenido de la ponencia de esta sentencia, antes de que la conociéramos algunos de los magistrados del Tribunal», lamenta. Y continúa: «Ninguna duda hay de las competencias de convocatoria del pleno y de ordenación del funcionamiento del Tribunal que corresponden a su presidente. Pero considero que excede con mucho de las funciones que reconoce al presidente (…) predeterminar de manera inflexible, en lo que parece ejecución de una agenda preestablecida, el momento en que va a aprobarse una sentencia de esta importancia, sin atender a la solicitud motivada de mayor tiempo de estudio».Esa «inexplicable precipitación» se ha puesto de manifiesto también, según la magistrada, en que la sentencia se ha aprobado sin haber resuelto los recursos presentados contra la negativa de Conde-Pumpido a abstenerse y contra el rechazo a esperar a que Europa resuelva las cuestiones prejudiciales. «Todo parece indicar que el fallo de esta sentencia estaba ya decidido, lo que nos ha llevado a alguno de los componentes del Pleno a plantearnos que la deliberación era un mero trámite formal sin que existiese la más mínima posibilidad de que nuestros argumentos pudieran ser atendidos, como finalmente ha sucedido».Pero es que a todo ello se añade que la deliberación del asunto se inició la semana siguiente a haberse producido «una grave crisis institucional en España, que ha conducido a una gran crispación política y social de la que se van haciendo constante eco los medios de comunicación, que emiten comparecencias y manifestaciones de líderes políticos, algunos de los cuales han condicionado públicamente el mantenimiento de su apoyo parlamentario al cumplimiento de los compromisos previos al pacto de investidura o a exigencias de otra índole», señala. La cuestión a la que la magistrada se refiere no es menor de cara a Europa, pues tras conocer el aval del TC, el político de Junts Jordi Turull, condenado e inhabilitado por el ‘procés’, se congratuló de su participación en la redacción de la ley. Esto avalaría las observaciones de la Comisión Europea al TJUE en el sentido de que la ley sería una autoamnistía, prohibida por el derecho de la Unión. «Entrar en este momento crítico y enrarecido a deliberar este recurso de inconstitucionalidad, en mi opinión, es contrario a la más elemental prudencia que ha de guiar el enjuiciamiento de este Tribunal», que se ha apartado de la norma no escrita de no interferir en los procesos políticos , bien sea en periodos electorales o en momentos en que «nuestros pronunciamientos pudieran interpretarse como coadyuvantes a una determinada posición en la contienda política». La precipitación en este caso, avisa la magistrada, puede comportar un «grave deterioro del prestigio y de la necesaria apariencia de imparcialidad del TC».
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