El número dos en la secretaría de Organización del PSOE con Santos Cerdán, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano , no seguirá ni en su cargo ni en la Ejecutiva Federal del partido. Tampoco otro dirigente próximo a Cerdán, como Alfonso Cendón, ni otros siete integrantes de la actual cúpula socialista, según ha adelantado El Diario y ha podido confirmar ABC. Se trata de las primeras novedades de la nueva Ejecutiva Federal que será ratificada en el Comité Federal del partido que tendrá lugar el próximo sábado. De allí saldrá el sustituto de Cerdán y puede que varios nombres nuevos en puestos clave como la portavocía u otros. Esos primeros ceses han sido comunicados mientras Pedro Sánchez permanece en Sevilla, donde ha clausurado este jueves la Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU, la cita internacional más importante de 2025 que en España que ha quedado eclipsada por el escándalo, en una semana que comenzó con la entrada en prisión provisional y sin fianza del propio Cerdán, que permanece ahora en la cárcel de Soto del Real. Noticia Relacionada estandar Si La UCO rastrea los vínculos del PSE con la trama del ex número tres socialista Pablo Muñoz Preocupación en el socialismo vasco por la trayectoria de algunos cargos. El informe cita el apellido «Morales», el mismo que el del secretario de Organización regionalSerrano trabajó estrechamente con Cerdán durante toda su etapa al frente de Organización, cargo para el que fue elegido el ex dirigente socialista en el Congreso Federal de 2021 en Valencia. El pasado 12 de junio llegó junto a él, como casi siempre, al pleno del Congreso cuando el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sobre su jefe ya se había publicado. Ambos estuvieron en sus escaños contiguos leyendo el informe en sus teléfonos móviles, y conversando entre ellos. Todo antes de que Cerdán abandonase la Cámara Baja por última vez como diputado asegurando ante la prensa que no había leído el informe, cosa que acababa de hacer. Cinco días después, en la primera reunión de la Ejecutiva Federal sin Cerdán, donde se debatió el futuro del partido, Serrano relató fuertemente emocionado que en ese momento, en su escaño, le preguntó a Cerdán si era cierto lo que aparecía en el informe, y que lo negó, pero que no le creyó. Desde entonces ha asistido con normalidad a los plenos parlamentarios y se le ha visto especialmente dialogante con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Los próximos seis días mostrarán la estrategia de Sánchez para superar el escándalo que ya tiene pernoctando en la cárcel a uno de sus más estrechos colaboradores e imputado a otro, el exministro de Transportes y también ex número 3 del partido, José Luis Ábalos. El sábado se conocerá la nueva Ejecutiva con la que pretende capear la crisis y proyectar una imagen diferente a la de una cúpula marcada tanto por la corrupciónm por la trama de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública que orquestó Cerdán, como por el «zafio machismo», en expresión del propio Sánchez, que revelan los audios de la trama. Especialmente en las conversaciones entre Ábalos y su mano derecha Koldo García, el tercer miembro de lo que la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, definió como un «triángulo tóxico».Y la semana que viene, el miércoles, el jefe del Ejecutivo afrontará una comparecencia en el Congreso para hablar del caso, y detallar si pretende dar algún tipo de respuesta a nivel legislativo. Así se lo vienen exigiendo con fuerza sus socios, tanto el de coalición, Sumar, como los aliados parlamentarios. La propia Yolanda Díaz le pidió esta semana al presidente «no poner paños calientes» y advirtió que, en contra de lo aducido por Sánchez, «la corrupción cero sí existe». Los aliados reclaman medidas que modifiquen la contratación pública y sancionadoras para las empresas implicadas, en este caso Acciona, que constituyó una Unión Temporal de Empresas, una UTE, con Servinabar, la empresa navarra implicada en la trama de la que Cerdán, según un escrito aportado por la UCO, era propietario a la mitad. La parte socialista del Gobierno, en cambio, se muestra reacia a modificaciones legales que podrían «estrangular la contratación publica», según explican de manera gráfica fuentes del Ejecutivo.
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