El pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez con la Cataluña de Salvador Illa pretende limitar la política de bajada de impuestos de las comunidades autónomas gobernados por el Partido Popular, redoblando así la guerra que mantiene La Moncloa y la administración catalana, en concreto, con la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Así, el documento, de tan solo cinco páginas consultado por ABC, especifica que la Generalitat reciba una «financiación adicional por las competencias específicas», y que la «ampliación de la capacidad normativa» de las CC.AA. esté limitada a la baja en «competencia fiscal», desaparezca «el mecanismo de las entregas a cuenta» y, para todo esto, ambos ejecutivos trabajarán «para el desarrollo de la hacienda catalana».No obstante, esta es una medida que ya estaba incluida en la primera oferta que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) hizo llegar a ERC el año pasado, en el marco de la negociación para forma gobierno en la comunidad tras las elecciones del 12 de mayo. Entonces quedó claro que los socialistas catalanas buscaban frenar y, después, revertir las políticas de rebaja fiscal impulsadas por los gobiernos autonómicos del PP, con especial énfasis contra la comunidad de Madrid.En aquel primer documento, tal y como avanzó este periódico, el PSC propuso a ERC «plantear la restauración del impuesto de Sucesiones a escala nacional estableciendo un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas». El «objetivo», sostenían los negociadores del partido que lidera Illa, «es evitar que algunas regiones bonifiquen completamente este impuesto».Es decir, que el Gobierno conseguiría así -si finalmente se obtienen «los apoyos pertinentes» en el Congreso de los Diputados, tal y como ha reconocido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres- imponer ‘topes’ para medidas fiscales como las aprobadas por Díaz Ayuso en Madrid, así como en otras comunidades del PP, como rebajar los tipos autonómicos del IRPF o de Sucesiones y Donaciones, para que sus impuestos no puedan ser mucho más bajos que los que mantiene, por ejemplo, Cataluña.Esta medida en concreto, esperada pues desde hace un año, se ha incluído hoy en el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña sobre un nuevo sistema de financiación autonómica que rompe con el modelo de la caja común de Hacienda, al centrarse en los ingresos generados por las comunidades autónomas en lugar del gasto, aunque sin especificar cifras ni fechas concretas. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha supeditado la implementación de este pacto a la obtención de «los apoyos pertinentes» en el Congreso de los Diputados.[HABRÁ AMPLIACIÓN]
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