Con la Asamblea de Madrid cerrada a cal y canto este mes de julio, por ser periodo parlamentario inhábil y sin que la izquierda haya movido un dedo para que se celebre un solo pleno extraordinario , la bronca política habitual en la Cámara de Vallecas se ha trasladado a la calle y a los plenos municipales, donde estos días se debaten iniciativas sobre la inmigración irregular. La gestión del Gobierno ha derivado en un enfrentamiento de todos contra todos, con dos focos principales de polémica en Madrid: Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón. Sus alcaldesas, respaldadas por el PP regional y el Ejecutivo de Ayuso, denuncian la gestión «caótica» del Gobierno y su falta de «lealtad institucional». La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox, ha exigido el cierre inmediato del centro de acogida de inmigrantes que el Gobierno de Sánchez habilitó en su ciudad, tras producirse una violación en su entorno. Piquet ha sido siempre muy beligerante contra este centro, que supuestamente iba a ser temporal y que ya lleva 20 meses abierto. Desde su apertura, la alcaldesa denuncia que por allí han pasado unos 10.000 inmigrantes irregulares, algo sobre lo que Piquet ha alertado siempre por los problemas no solo de seguridad, sino también sociales y sanitarios que se podían originar en su municipio. «Nos dijeron que iba a albergar a 100 personas y ahora mismo hay unas 1.700», denuncia. La alcaldesa ha advertido de que la agresión sexual que se produjo cerca del centro y que fue seguida de la detención de un individuo el 2 de julio no es la primera que se registra. Piquet ha denunciado otras agresiones «que se intentaron tapar», así como un «brote de sarna» y peleas dentro y fuera del centro. Este martes, el pleno municipal debatirá una moción del PP en la que se exige al Gobierno el cierre inmediato del centro.Noticia Relacionada estandar Si Ayuso impulsa a los portavoces de Getafe y Rivas en el PP de Feijóo Mariano Calleja Los alcaldes de Madrid, Móstoles y Alcalá de Henares entran por elección en los órganos de dirección del partidoAl mismo tiempo, en Pozuelo de Alarcón han sonado también las alarmas municipales. La alcaldesa, Paloma Tejero, que gobierna en solitario con mayoría absoluta del PP, denunció la posible decisión del Gobierno de Sánchez de trasladar 400 menores inmigrantes no acompañados (menas) al Centro Creade ubicado en su ciudad, algo que tachó de «temerario». La regidora lamentó que se hubiera enterado de esa decisión por la prensa, y no por una comunicación oficial del Gobierno. Por eso, criticó el «absoluto desprecio» del Ejecutivo de Sánchez por la autonomía municipal y su «deslealtad» institucional. La alcaldesa de Pozuelo envió sendas cartas al Ministerio de Infancia y a la Delegación del Gobierno para reclamar una confirmación oficial y una explicación de los «criterios objetivos» utilizados. Recordó, además, que el centro Creade, dependiente del Ejecutivo, se habilitó inicialmente como recurso temporal de emergencia para atender a refugiados ucranianos. La respuesta del Gobierno ha sido, una vez más, el silencio. «Nada, cero», confirman en el Ayuntamiento. «No vamos a aceptar que el Gobierno traslade a ningún menor inmigrante a Pozuelo», avisa la alcaldesa.Tanto la alcaldesa de Alcalá como la de Pozuelo cuentan con el respaldo explícito del PP de Madrid y de su presidenta. Ayuso anunció que llevará ante la Unión Europea la situación de la inmigración en la región y envió un requerimiento al Gobierno, previo a la vía judicial, para que se hiciera cargo de 50 menas que han solicitado asilo. La bronca total está servida, tanto por la derecha como por la izquierda. La inmigración irregular es uno de los asuntos recurrentes de Vox en la Asamblea desde el principio de la legislatura, para tratar de marcar distancias con el PP de Madrid, aunque en algunos lugares, como en Alcalá, su discurso es prácticamente idéntico. Los de Abascal siempre intentan ir un poco más allá: reclaman el cierre de todos los centros de menas y la expulsión inmediata de España de los menores y ahora también la deportación de todos los inmigrantes que «no respeten las costumbres o no se integren». El Gobierno de Ayuso rechazó de forma tajante esa propuesta: «Ni el extremismo de unos ni el descontrol de otros». Ayuso sí prometió que hará lo posible para que los centros de Alcalá, de Pozuelo y de Campamento se cierren lo antes posible. Y la izquierda se lanzó rápidamente contra la presidenta, a la que calificó de «racista».Las críticas de la izquierdaLa portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, tachó a la presidenta regional de «ultra» que «voxoriza» su discurso con el «único» resultado de «fomentar el odio» contra los migrantes. También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, calificó de «intolerables» las afirmaciones de Ayuso contra los centros de inmigrantes y las tachó de «xenófobas»: «Es una campaña de racismo de manual», aseguró. No podía faltar el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien acusó a Ayuso de actuar con «inhumanidad» y de «obedecer» lo que Vox «grita». En Pozuelo, Vox ha aprovechado la polémica para llevar una moción al Pleno del día 17, que tendrá que debatirse y votarse, con el objetivo de rechazar la llegada de 400 menas. El PP no piensa dar oxígeno a Vox en un Ayuntamiento donde solo tiene un concejal, frente a los 17 ‘populares’, pero la iniciativa servirá para que todos los grupos se pronuncien con claridad.Dos municipios en el centro de la polémica Alcalá de Henares «La última violación no es un caso aislado. Los problemas de inseguridad existen desde que implantaron el centro», afirma la alcaldesa de Alcalá de Henares,Judith Piquet. Este martes 15 se debatirá el cierre de ese centro. Pozuelo de Alarcón La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, se dirigió por escrito al delegado del Gobierno para pedir información sobre la posible llegada de 400 menas. No ha tenido respuesta. El jueves 17 habrá debate en el pleno municipal.Fuentes municipales del PP de Madrid ven una ‘mano negra’ del Gobierno de Sánchez detrás de las decisiones que está tomando sobre los inmigrantes irregulares en Madrid: «Son medidas arbitrarias contra esta región en su conjunto, sabe lo que está haciendo, sin criterios objetivos».

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