Los conductores circulan por las calles de Aranjuez, Móstoles, Valdemoro o Parla, entre otros, despreocupados. Ningún cartel advierte de que se aproximan a zonas con restricciones al tráfico, ni informan a los vehículos más contaminantes de que existen áreas en las que tienen prohibido el paso. Principalmente, porque no existen. Y a pesar de que desde 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes o los que tienen más de 20.000 y superen los límites de calidad del aire, están obligados a ello. En la Comunidad de Madrid, tan solo 9 de las 24 localidades –es decir, seis de cada diez– que entran dentro de estas características aplican esta imposición, enmarcada dentro de la Ley de Cambio Climático, y que obliga a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en núcleos urbanos. Esto es, un área en la que se impide el acceso de los vehículos con un nivel de contaminación más elevado, según los parámetros de la Dirección General de Tráfico (DGT). En general, vetan la circulación a los que tienen una A o sin etiqueta. Pero existen algunos casos en los que también se aplican restricciones a los de la B y la C, como sucede en el distrito Centro de la capital.A pesar del mandato del que informó en su día el ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico , que dirige Sara Aagesen, tanto a nivel de nuestra región como nacional, los ayuntamientos incumplen o sortean esta medida, que tampoco establece ningún régimen sancionador para los municipios disidentes. Así, tan solo el 32% de las ciudades obligadas a ello imponen estas restricciones.Noticia Relacionada estandar Si Madrid permitirá a los coches empadronados sin etiqueta aparcar en su barrio Helena CortésDe toda la superficie de zonas de bajas emisiones vigentes en el país, el 80% se concentra en la Comunidad de Madrid , donde a su vez el 60% de municipios incumple, según un estudio desarrollado por Bipi y basado en los datos publicados por el ministerio.Los argumentos en cuanto a la lenta aplicación de estas medidas dependen de la casuística de cada municipio. Mientras unos ven el problema en que no cuentan con partidas presupuestarias para ello, otros se refugian en el urbanismo de la ciudad. Y año y medio después de que finalizara el plazo dado por el ministerio, son trece los ayuntamientos de la región que aparecen en la web oficial con la etiqueta de «en trámite» y dos con la de «pendiente».Aranjuez, Coslada o Pozuelo de Alarcón, entre otras ciudades madrileñas, estudian, redactan proyectos y trabajan en la puesta en macha de estas áreas con restricciones al tráfico para los vehículos más contaminantes. Sin embargo, aún no se ha materializado de ninguna manera. Pozuelo, con 89.378 habitantes y gobernado por el Partido Popular, ya tiene delimitada la ZBE, pero no entrará en vigor hasta la elaboración de una nueva ordenanza que lo regule, informaron desde este consistorio en abril.Por su parte, Leganés, municipio de más de 190.000 habitantes y también gobernado por el Partido Popular, no cuenta aún con una fecha para establecer estas restricciones al tráfico. Según recogió en octubre el medio local ‘Leganés Activo’, ya se han peatonalizado calles con los fondos Next Generation que entrarán dentro del área trazada. A pesar de su intención de cumplir con esta obligación, el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, recordó entonces que aplicar estas limitaciones al tráfico en su municipio «no tiene sentido»: «Nos estamos moviendo mucho en transporte público y esa incidencia contaminante no existe».Implantación gradualNo obstante, llama la atención que entre los ayuntamientos que se encuentran aún en trámite de establecer las ZBE, tal y como señala el ministerio en su página web, también destacan Coslada, Parla y Alcorcón, gobiernos y coaliciones de izquierdas, pese a que la norma la impuso en su día la ministra socialista Teresa Ribera.Coslada (80.760 habitantes), donde gobierna el PSOE con Más Madrid y Podemos-IU, aplicará gradualmente hasta 2030 esta medida, que comprenderá el núcleo residencial del municipio y restringirá la circulación de vehículos sin distintivo ambiental para los no residentes. Alcorcón, donde viven más de 170.000 vecinos, tiene definidas las zonas, pero sin implantar ningún tipo de restricción a los vehículos más contaminantes.A pesar de haber anunciado que se haría este año y con el mapa del área ya anunciado, Parla (más de 130.000 habitantes), por su parte, con más de 130.000 habitantes, tampoco ha implementado aún la zona de bajas emisiones en la ciudad.La localidad de Arganda del Rey se ha quedado sola como municipio rebelde ante las imposiciones del ministerio para la Transición Ecológica. Valdemoro, la ciudad que la acompañaba junto con Aranjuez y Coslada como municipios que más tiempo se estaban tomando para aplicar estas áreas de restricción a la circulación, ya mueve el engranaje con la intención de implantar la zona de bajas emisiones.El ayuntamiento dirigido por David Conde (PP), que nunca ha sido tan tajante como su homólogo de Arganda Alberto Escribano –también del PP–, ya trabaja en implanatarlas «lo antes posible» , tal y como han asegurado fuentes de este consistorio a ABC. Tanta tardanza, señalan, se ha debido a la aprobación de unos presupuestos. En los que finalmente han acordado hace un par de meses se ha incluido una partida para esta cuestión. Hoy, ya se encuentran en una consulta pública que concluye el próximo 5 de agosto para aprobar la ordenanza que regule estas zonas.También, subrayan, se ha tramitado por parte del Pleno la aprobación de un reglamento para posibles episodios por NO2, que manejan tenerlo en vigor «a finales de 2025».Resistencia de ArgandaEl consistorio de Arganda del Rey lo tiene claro: «No vamos a implantarla de momento». Han solicitado información al respecto desde diferentes estamentos y han argumentado su decisión contestando «a todos» con informes de calidad del aire y medioambientales. Fuentes municipales señalan que «Arganda es una ciudad donde es imposible implantar una zona de bajas emisiones por su orografía» y porque, arguyen, sus «emisiones vienen del polígono industrial» y no del casco del municipio, donde señalan que la densidad de vehículos «no es elevada».Remarcan que «en ocasiones las leyes no se pueden bajar a la práctica» y «es en la calle donde se ve la realidad», que, insisten, puede valerle a una ciudad vecina con la que pueden compartir características, pero que «no le vale a Arganda».El real decreto para las ZBE aprobado en 2022 obligaba a las ciudades tener estas áreas con la intención de mejorar la calidad del aire, pero el poder del persuasión de Gobierno central no ha sido lo suficientemente eficiente y tampoco ha incidido en ningún régimen sancionador para aquellos consistorios que no lo cumplan. «No existe ninguna multa porque la ley de movilidad sostenible no está desarrollada. Está en una situación muy precaria», señala a este periódico Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).Aunque la implantación por parte de los municipios madrileños aún sea minoritaria, la región lidera el compromiso a nivel nacional con esta cuestión. Madrid capital abarca una extensión de 605 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de 84.000 campos de fútbol, de los más de 100.000 que corresponden al total del país. Le siguen, aunque con una extensión mucho menor, la ZBE de Barcelona con 95 kilómetros cuadrados y Badalona con 12 kilómetros cuadrados.El estudio de Bipi destaca también que entre las ciudades que aún no tienen activa su ZBE, aproximadamente 30 son capitales de provincia que multiplican varias veces el número mínimo de habitantes para el que se obliga a tener activas estas áreas. Entre estos municipios se encuentra Valencia, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria.
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