Si ha habido un caso mediático en Granada en los últimos años, es el de Juana Rivas. Residente en Maracena , ciudad próxima a la capital, lleva desde 2009 litigando contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri. Antes de separarse y enemistarse de por vida, tuvieron a dos hijos: Gabriel, de 18 años, y Daniel, de once. El mayor de edad vive con su madre en España. El menor lo hacía con su padre en Carloforte, en la isla de Sicilia. Pero en diciembre de 2024 viajó a Granada con permiso judicial para pasar las Navidades con su hermano y la madre. En enero debía regresar a Italia pero no lo hizo porque un juzgado granadino lo impidió casi en el último segundo. Desde entonces sigue en España. Este martes, 22 de julio, debe irse. A las diez de la mañana ha de estar en el Punto de Encuentro Familiar que tiene la Junta de Andalucía en la capital granadina. No obstante, todos los ojos están puestos en el Tribunal Constitucional, que se reúne a primera hora de este martes para abordar el caso tras la solicitud de medida cautelar de suspensión sobre la que el letrado Carlos Aránguez, abogado de Rivas, afirmó que «se está tramitando también con carácter preferente».Rivas siempre se ha opuesto radicalmente a separarse de su hijo menor. Aduce que Francesco Arcuri ha maltratado sistemáticamente a los niños –y también a ella– pero, aunque Arcuri todavía tiene pendiente un juicio por una denuncia por malos tratos para septiembre, lo cierto es que hasta ahora ningún juez le ha dado la razón a ella.«Lleva años manipulando»Lo acontecido en los últimos meses ha sido una batalla de envergadura entre abogados . El representante legal de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha sido por lo general más cauto, aunque ayer, en la víspera de la partida, se despachó a gusto. Después de que su hijo mayor, Gabriel, escribiera una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para pedir ayuda, contestó con bastantes y muy duros argumentos. Entre otros: Rivas (y su abogado, Carlos Aránguez) están «injuriando» a la Justicia al poner en tela de juicio una y otra vez las decisiones que les han perjudicado. La última, probablemente la más determinante, la que adoptó este mes de julio la Corte de Apelación de Cagliari, que ratificó que la custodia de Daniel, el menor de la saga, pertenece a su padre y que por ese motivo debía volver a vivir con él. Una decisión que días después ratificó el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. Arcuri no se ha quedado ahí y, además de acusar a su exmujer de ser demasiado olvidadiza para lo que le conviene, la ha acusado de llevar «años manipulando» en su contra a sus hijos.«Pretende hacer creer que lo blanco es negro. Por ejemplo, repetir el argumento de que el menor sea escuchado, cuando días antes de que fuera autorizado a viajar a España a ver a su madre [en diciembre], la señora Rivas se negó en redondo a que el Tribunal de Cagliari le explorara largo y tendido. El pequeño, que sí fue escuchado por el juez, dijo lo mismo que ha venido diciendo durante los ocho años de procedimientos: que quiere ver a su madre y su hermano en vacaciones, pero vivir con su padre en Carloforte », destaca Zambrano. «Ha roto cualquier posibilidad de que el menor pudiera hablar con su padre, o con sus amigos de toda su vida, del colegio, equipo de fútbol, del cual es el líder… Ni una llamada, ni un mensaje. Nada, en un niño cuyos derechos se dice proteger. Tampoco cuenta que no abonó ni un solo céntimo de euro de pensión alimenticia a sus dos hijos entre 2017 y 2022 , pero sí regó al señor Arcuri con decenas de denuncias. Eso sí, siempre los lunes, cuando aparentemente aparecían de forma mágica los daños que venían sufriendo, según ella, los menores. Nunca los viernes, cuando ella los recogía».Daniel regresó a España en Navidades pero con una serie de condiciones que su madre no cumplió: ni una llamada al día, ni que se comunicara tampoco con la mediadora judicial . Nada. Zambrano recuerda que Juana Rivas fue condenada por secuestro de menores y que en 2019 fue parcialmente indultada con la condición de que no reincidiera en un plazo que todavía está vigente. Es decir, podría volver a la cárcel si sigue .Su respuesta no fue sólo al abogado de Rivas , también a las instituciones y organismos que apoyan a su exmujer, una presión en toda regla para impedir que el niño se vaya. Movimiento que encabeza la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego , que ayer se desplazó a Maracena para hablar con los hijos de Arcuri y Rivas. Manifiesta que el menor debe ser «escuchado» antes de irse. Rego ya había pedido a la Fiscalía que impidiera su marcha. La ministra no acudirá al Punto de Encuentro, pero sí lo hará la directora general de Infancia y Adolescencia, Sandra de Garmendia.El partido que se ganó en el descuento y la esperanza de que vuelva a ocurrir Tras una jornada frenética, el abogado de Rivas asumió su derrota. No desconoce que, si su defendida se mantiene en sus trece y no deja a Daniel regresar con su padre, se enfrenta de nuevo a la cárcel. Pero aunque anunció que el menor estará a la hora fijada en el sitio ordenado, mantiene que seguirán luchando. Le quedan pocas cartas, salvo la presión de las instituciones y una petición de medida cautelar al Constitucional solicitando que se suspenda la entrega del menor. Medida que, dice, «se está tramitando con carácter preferente». En enero ganó el partido en el descuento, consiguiendo que una jueza escuchara a Daniel en la víspera de su regreso a Italia y ordenara cautelarmente su permanencia en Granada. Confía en repetir la jugada.La consejera de Igualdad y Juventud de la Junta, Loles López, pidió «sensibilidad» a la Justicia y «que prevalezca siempre el interés del menor». Más prudente, Juanma Moreno dijo que la decisión no la debe adoptar una institución política sino judicial. Hay una plataforma que ha recopilado más de 50.000 firmas para que el niño no se vaya. La Audiencia Provincial de Granada rechazó el recurso interpuesto por los abogados de Rivas. Ayer, emitió un auto en el que resalta que «en lo concerniente a los procedimientos de familia, impera la ejecutividad inmediata». Y reconoce que la decisión se adoptó en Italia, pero que eso no cambia las cosas: «Hay que reforzar la confianza mutua entre los sistemas jurídicos de países que son socios en la Unión Europea».
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