En la barriada Santa Isabel de San Juan de Aznalfarache, un fondo buitre adquirió hace más de un año varios bloques de viviendas en la zona más deprimida de la localidad, en la llamada Esquina del Gato . Los inversores compraron sobre el papel unos pisos viejos que a priori tenían un precio irrisorio. «Seguro que no sabían ni lo que compraban, pero vieron una oportunidad de negocio». El párroco de la cercana iglesia de San José Obrero, Joaquín Castellón, recuerda que tras esa operación inmobiliaria, la nueva propiedad no impulsó ningún proyecto de rehabilitación ni sacó las viviendas al mercado del alquiler. Quedaron en la misma situación, a merced de los clanes familiares que han hecho de la infravivienda un negocio muy lucrativo.Lo que ocurre en esta barriada de San Juan es perfectamente extrapolable a otras zonas deprimidas de la capital como Los Pajaritos, Polígono Sur o Torreblanca. A las actividades ilegales clásicas como la venta de droga, en los últimos años se ha incorporado la producción ‘indoor’ de marihuana y el arrendamiento de pisos ocupados. Este mercado inmobiliario clandestino ha ido en auge conforme ha crecido el precio de la vivienda y se han endurecido las condiciones para acceder a una. «En los barrios más populares ha vuelto el alquiler de habitaciones. Algunos pisos de 70 metros cuadrados se han convertido en las nuevas casas de vecinos, signo de una pobreza que parece de otras épocas pasadas», señala el párroco.Las viviendas que terminan en este mercado fuera de la ley son de titularidad pública o propiedad de bancos y fondos de inversión. Son pisos viejos, en los que se tarda en promover los procesos de desahucios . Eso ha atraído a una serie de clanes «que actúan como mafias» que van ocupando las casas y alquilándolas. El arrendamiento por habitaciones se ha vuelto lo más común porque esto dispara la rentabilidad de los inmuebles . «Normalmente quien ocupa uno de estos pisos, lo hace después con otros cinco, seis ó quince más. Cada habitación puede alquilarse por alrededor de 300 euros. Calculen los ingresos libres de impuestos». Estos caseros ilegales no dudan en usar la coacción o la amenaza en caso de impago de sus inquilinos. «Que por puro miedo sacan el dinero de donde sea para no tener problemas». Por tanto, el dinero no deja de entrar; lo que hace que se consolide el negocio como lo han hecho otras actividades ilícitas.«Un piso pequeño de dos habitaciones les da a estos clanes al mes 600 euros. Si controlan otros doce más, que es muy frecuente, están ingresando más de 7.000 euros» Juan Antonio Camacho Director de Cáritas San José ObreroEste análisis que realiza el cura de San José Obrero (San Juan) coincide con el director de Cáritas de su parroquia, Juan Antonio Camacho, que hace un perfil muy definido de estos grupos que controlan bolsas cada vez más grandes de infraviviendas. «Son familias muy amplias, de etnia gitana en muchos casos, que pasan de maltratadas por el sistema a maltratadores de personas que son más vulnerables». El negocio se puede decir que es redondo porque controlan viviendas en las que no invierten nada y en caso de desahucio, sus inquilinos son los que pagan las consecuencias. Estas mafias, a pesar de haberse lucrado, no constan en ningún papel ni tienen que responder ante nadie. «Un piso pequeño de dos habitaciones les da al mes 600 euros. Si controlan otros doce más, que es muy frecuente, están ingresando más de 7.000 euros al mes«.La necesidad es la más potente de las demandas y la situación se ha vuelto tan disparata que en Cáritas han llegado a auxiliar a familias que se vieron abocadas a vivir en un balcón. «Era un matrimonio de Venezuela con un bebé de pocos meses. No tenían donde acudir y un conocido les ofreció la terraza de una piso que tenía todas las habitaciones alquiladas. Imagínese lo que es vivir en verano en un balcón. Cuando podían, se metían en el pasillo o se pasaban todo el día en los parques. Cuando nos enteramos, inmediatamente los sacamos de allí«.Sin papeles, con pocos ahorros, sin trabajoLas familias vulnerables que caen en manos de estas mafias suelen ser inmigrantes que acaban de aterrizar en España. Llegan siguiendo los pasos de algún compatriota y como carecen de permisos y apenas tienen unos pocos ahorros, no pueden alquilar una vivienda en mercado reglado. «Acaban en estos barrios donde se perpetúan estas situaciones de abuso. Por eso, tan pronto estas familias se estabilizan algo, se marchan a otras zonas menos deprimidas y son sustituidas por otras que vienen en peores condiciones. No hay perspectiva de futuro para estos barrios que cada vez se van deteriorando más«, señala el cura de San Juan.La radiografía que hacen desde Cáritas, que tienen un contacto directo y estrecho con esta realidad, es demoledora. Hace unos días, hacían públicos los datos de la memoria de 2023 de esta entidad eclesiástica, que atendió el pasado año a 49.117 personas en situación de pobreza o exclusión social en Sevilla. En la presentación del balance se puso el foco en el problema de la vivienda y cómo es prácticamente imposible encontrar un piso en un barrio obrero por menos de 700 u 800 euros. En este contexto se están enriqueciendo las mafias que ocupan y realquilan inmuebles.Exterior de la esquina del gato en San Juan ABC De la abogacía en Honduras a sobrevivir en el campo sevillano sin papeles Hace tres años, un 16 de diciembre se presentó en la parroquia de San Juan un matrimonio joven de apenas 23 años y con un bebé de pocos meses. Estaban en una situación desesperada. Quienes los vieron por primera vez, creyeron estar ante la representación en carne y hueso de un portal de Belén. Los dos eran abogados y habían llegado hasta Sevilla, huyendo primero de la situación crítica de Venezuela y después de las maras en Honduras. A través de otros compatriotas, recurrieron a uno de los clanes de la barriada Santa Isabel para que les alquilara por 300 euros una habitación pequeña donde se metieron los tres. Él se fue a trabajar al campo con otros compatriotas, a echar peonadas sin contrato. El objetivo, detalla el director de Cáritas, era ir sobreviviendo día a día. «Imagínate un niño bien, que nunca había trabajado recogiendo frutos. Los primeros días llegaba a casa con las manos destrozadas». La mujer, que antes de emigrar había estado dando clases en la Universidad de Caracas, se buscó también una rápida salida laboral limpiando en casas, dentro de la economía sumergida. Los inicios fueron muy duros porque no estaba acostumbrada a esas tareas y un día se intoxicó al inhalar una solución que componía amoniaco. «Gracias al esfuerzo de los dos, han ido poco a poco progresando y hoy en día son una familia plenamente integrada». Por supuesto, salieron rápidamente de la barriada Santa Isabel para vivir en una zona mejor tan pronto pudieron acceder a un piso en el mercado reglado. Tres años después de aterrizar en San Juan de Aznalfarache, él colabora en un despacho de abogados de la capital y trabaja como técnico de placas fotovoltaicas. Ella también trabaja y acaban de tener su segundo hijo. El párroco Joaquín Castellón se lamenta que estas familias que salen adelante, no se instalen en barriadas con problemas crónicos de integración social. «Si en estos lugares se protegiera a estas personas, poco a poco serían más en el vecindario y acabarían por expulsar a los que se aprovechan de la necesidad de otros. En estas familias está la clave para la transformación de los barrios desfavorecidos de Sevilla». «En las Cáritas de muchos barrios de las ciudades andaluzas nos encontramos con estas situaciones todas las semanas, y desde la sensibilidad de la fe en Jesucristo intentamos alentar y ayudar a las familias afectadas. Pero el camino de la solución sólo está en la mano de las administraciones públicas, de las locales y la autonómica . Han de iniciar un plan de regularización de las viviendas de su propiedad y una negociación con las entidades bancarias para que faciliten, de manera razonable para todos, alquileres sociales a las familias que habitan unos pisos, que por su ubicación y circunstancias ya solo les rentan problemas«. Para el párroco Joaquín Castellón, el futuro de estas zonas sólo pasa por erradicar ese mercado ilegal de la vivienda y promover los arrendamientos sociales en unos inmuebles que deben estar controlados por las administraciones y no por clanes. «Entiendo que no es fácil el arbitrio de estos planes; pero es imprescindible, si no queremos que barrios cada vez más extensos caigan en un deterioro social que conduce a una desestructuración creciente».
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