El Gobierno, en las últimas semanas, parecía sentir un cierto alivio después de que los disturbios en Torre Pacheco (Murcia) –tras llamar grupos ultra a «dar caza» a inmigrantes– y la imputación del exministro Cristóbal Montoro emergiesen como competencia al monopolio informativo que, durante el mes de junio, ejerció incontestablemente la corrupción socialista, con Santos Cerdán como protagonista. Pero la realidad se ha impuesto este martes, en un pleno extraordinario con un orden del día presumiblemente amable para los intereses del Ejecutivo, cuando el PP ha confirmado, justo antes de intervenir en el debate, que no está por la labor de rescatar a Pedro Sánchez del abandono de sus socios. El decreto eléctrico ‘antiapagones’, aprobado por el cero energético que sumió en la oscuridad a la península ibérica el 28 de abril, ha decaído pese a la presión de las empresas del sector para su aprobación.Las alarmas sonaron en la Moncloa este lunes cuando Podemos confirmó su intención de posicionarse en contra de un paquete de medidas cuyo objetivo es evitar futuros apagones dotando al sistema de mayor estabilidad, pero que, según el análisis de la formación izquierdista, obedece a los intereses del «oligopolio» eléctrico, con Iberdrola y Endesa a la cabeza. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno mima al PNV con una ley para desclasificar los secretos del franquismo y la Transición Emilio V. EscuderoFuentes del partido aseguraban este martes, horas antes de la disputa parlamentaria, que el Ejecutivo ni siquiera se había puesto en contacto con ellos para intentar cambiar el sentido de su voto. La decisión de la Moncloa fue, concluían estas fuentes, intentar aprovechar los intereses de compañías petroleras, gasistas y eléctricas para seducir al PP.La víspera del pleno extraordinario, las patronales energéticas estuvieron enviando cartas a los partidos políticos para intentar convencerlos de las bondades del decreto, informa Raúl Masa . Entre ellas, nuevas funciones de control a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica para evitar futuros apagones, un mayor empuje de la red para impulsar la industria y la eliminación de trabas al desarrollo sostenible, lo que había sido aplaudido incluso por la oenegé Greenpeace. La principal incertidumbre de la jornada estaba en la bancada popular, aficionada a jugar con la ansiedad del Gobierno, que ha confirmado el sentido de su voto en pleno debate, mientras hablaba la socialista María de las Nieves Ramírez. «No es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la cámara, que busque el apoyo en las urnas», zanjan desde el Grupo Popular.Por eso, cuando Guillermo Mariscal, diputado del PP de amplio conocimiento en la materia, se ha subido a la tribuna de oradores, el pescado ya estaba vendido. «No han asumido responsabilidad alguna», ha atizado al Ejecutivo, molesto con la falta de autocrítica por el inédito apagón que dejó durante más de diez horas sin luz a España y Portugal. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, escuchaba desde su escaño consciente de que su defensa del decreto, dada la fragilidad del Gobierno, ha resultado estéril.Las malas noticias para el Ejecutivo continúan acumulándose. Al argumento de Ione Belarra, que el paquete de medidas urgentes era básicamente un regalo a Iberdrola, Endesa y Naturgy, se ha sumado el diputado del BNG, Néstor Rego. Pero las señales más preocupantes han llegado, otra vez, desde Junts per Catalunya. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, de la máxima confianza del prófugo Carles Puigdemont, ha remarcado que tras semanas «entretenidos con la corrupción de PSOE y PP», el de este martes no era un pleno «normal». Y en un contexto complicado para el Ejecutivo, su socio más díscolo le ha recordado que sus votos no son «un cheque en blanco».Junts no solo ha votado en contra del decreto eléctrico, lo que ha hecho más dolorosa la derrota, sino del de entregas a cuenta de las comunidades autónomas. El Gobierno solo se ha salvado de una doble derrota –Vox ha votado en contra de todo– por el evidente interés del PP, que gobierna en la mayoría de regiones, en que sus territorios reciban los fondos que les corresponden. Fuentes del partido independentista, visiblemente molestas, han recordado después del debate que el PSOE tiene dos deudas pendientes en su haber como son la oficialidad del catalán en la Unión Europea, para lo que se requiere de la unanimidad de todos sus Estados miembros, y que Puigdemont se pueda beneficiar de una amnistía que ha avalado el Tribunal Constitucional –ya se verá qué dice Europa–, pero que el Supremo descarta aplicar en el caso de la malversación.La venda antes de la heridaEl Gobierno, ya por la mañana, se ponía la venda antes de la herida. Y si bien asumía en privado la inminente derrota en el decreto eléctrico, presumía de la aprobación definitiva de tres leyes –se discutían las enmiendas del Senado–, dos reformas del Reglamento y otros dos reales decretos leyes que sí han prosperado. «Si hemos perdido una votación de siete, ni tan mal», ha dicho Pedro Sánchez ‘a posteriori’, ausente en el Congreso por su gira en América Latina, informa Mariano Alonso desde Montevideo. Reglamento Lenguaje inclusivo La Cámara Baja ha aprobado este martes dos reformas del Reglamento. La primera únicamente introduce el lenguaje inclusivo en él, incluido el nombre. Ya no se llama ‘Congreso de los Diputados’ sino ‘Congreso’, aunque únicamente en este texto porque su nombre oficial lo establece la Constitución. Voto telemático En la segunda reforma, entre otras cosas, se amplían los supuestos para ejercer el voto telemático en casos de enfermedad grave o accidente de un familiar cercano. Credenciales de prensa El punto más polémico, en el que PP, Vox y UPN denuncian que se abre la puerta a la «censura», ha sido el que contempla un código de conducta y un régimen sancionador que incluye la pérdida de la credencial de prensa. Podrá retirarse –aunque prescribe– en casos muy graves de insulto, grabaciones ocultas, allanamientos de despachos, etcétera.No obstante, cabe recordar que la posición de Junts ya obligó al Ejecutivo a posponer dos de sus medidas estrella , que pretendía incluir en el ‘pleno escoba’ de este martes, como son la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal, esa ‘ley Bolaños’ que ha puesto a jueces y fiscales en pie de guerra. Sí han visto luz verde, si bien con PP, Vox y UPN en contra, los cambios reglamentarios para introducir el lenguaje inclusivo, aumentar los supuestos para el voto telemático y poder retirar credenciales de prensa en caso de insulto, grabaciones sin autorización y allanamiento de despachos, entre otras actitudes.
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