La obsesión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por convertir al propio Estado español en el ‘caballero blanco’ de Talgo ha sido una constante desde que el Gobierno vetara la operación sobre el fabricante de trenes español de los húngaros de Magyar Vagon hace ahora prácticamente un año. Pero, finalmente, el ministro lo ha conseguido, si bien no ha terminado con el problema de la compañía, digamos, rescatada, que aún necesitaría de forma urgente un socio industrial conocedor del sector y que se haga cargo del amplio stock de pedidos pendientes aún por sacar adelante –una cartera por valor de 4.000 millones de euros–, porque con la solución compradora formada por el consorcio vasco y la SEPI no se arregla. Y es que Puente, según ha podido saber ABC, tras plantear de forma insistente al presidente Pedro Sánchez que lo más adecuado para el futuro de la compañía era edificar en torno a la nueva Talgo un núcleo duro de accionistas españoles –liderado por Clerbil, del dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga; Ekarpen (el Gobierno vasco), y las fundaciones bancarias BBK y Vital–, le convenció después para que obligase al organismo dependiente de Hacienda a entrar en el capital del fabricante de trenes.De nada le sirvió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, presidida por Belén Gualda, presentar desde principios de este año, varios informes técnicos que en sus conclusiones desaconsejaban la operación, por estar basada más en intereses políticos que económico-financieros, al considerarla como moneda de cambio para mantener el apoyo del PNV al Gobierno de Sánchez. No en vano, a partir de ahora, la SEPI se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un socio adicional pero con capacidades industriales del sector en cuestión, que probablemente tenga que llegar del exterior, para garantizar la viabilidad de la futura Talgo, en la que también cambiará el equipo directivo. Ahora bien, siempre que las empresas españolas se mantengan como primeros accionistas. Algunas fuentes consultadas aseguran a este periódico que desde el PNV aún existe la opción de volver a «tocar» a otra empresa vasca de la competencia: CAF, si bien estos se descartan a sí mismos.¿Nuevo socio del exterior?En cualquier caso, tras adjudicar la compra del fabricante de trenes al consorcio vasco, Puente dejó la puerta abierta a la futura entrada al capital de la polaca Pesa o de la india Jupiter Wagons, ofertas que bloqueó el pasado mes de febrero, convencido de que no eran ninguna de las dos los accionistas que necesitaba Talgo. La razón: no ser españolas , por lo que el PNV no estaba conforme, muy al contrario de lo que los propios accionistas de la empresa privada querían, pero no les dejaron decidir.Y es que tanto Pesa como Jupiter mostraron su interés por Talgo desde un primer momento. De hecho, sus ofertas –si bien la de la india no llegó nunca a desvelarse de forma oficial– mejoraban la del consorcio liderado por Sidenor –que, para más inri, es tan solo un fabricante de componentes de acero que nunca ha tenido experiencia real en la fabricación de trenes, por tanto, se sabía a priori, que no era la solución definitiva–. El precio inicial ofertado por la siderúrgica vasca fue de 4,15 euros por acción por el 29,7% de las acciones en manos de la sociedad Pegaso (fundamentalmente el fondo Trilantic), si bien fue mejorada después hasta los 4,8 euros gracias a un componente variable supeditado a la consecución de determinados parámetros futuros que no se hicieron públicos, pero que en todos los casos no se abonaría hasta 2029.El hándicap de la deudaPero no era suficiente. La oferta de Sidenor y compañía no solucionaba tampoco el problema de la deuda neta de Talgo con la banca acreedora –algo más de 400 millones de euros–, a la que se sumaba la multa de 116 millones que le impuso Renfe por los retrasos de más de dos años en las entregas de los trenes Avril. Por ello, la inversión pública a través de la SEPI se concretará mediante dos mecanismos . Por un lado, el organismo estatal adquirirá un 7,87% de Talgo a través de una ampliación de capital, con una aportación de 45 millones de euros. Por otro, destinará 30 millones a la suscripción de obligaciones convertibles en acciones. En total, la inversión ascenderá a 75 millones de euros. A este esfuerzo se sumará la inyección de la misma cantidad por parte de los vascos. En conjunto, 150 millones de euros para facilitar la refinanciación de la empresa.Belén Gualda, presidenta de la SEPI EFE El PP presiona para que se conozca el informe del organismo público El grupo parlamentario del PP registró a finales de julio en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista y la presidenta de la SEPI expliquen qué tipo de argumentos validan la operación pactada entre el lendakari, Imanol Pradales, y el propio presidente del Gobierno. Piden que se hagan públicas las condiciones y requisitos que han propiciado el acuerdo de la entrada de la SEPI en Talgo, si se ha emitido algún informe o documentación de soporte que avale la entrada del organismo estatal y, si es así, conocer cuál es su contenido y qué tipo de argumentos lo han validado.Y gracias a esta solución la banca se ha avenido a razones y ha acordado una nueva estructura de deuda . El nuevo acuerdo incluye un tramo de financiación de 650 millones con vencimiento a seis años, así como una línea de crédito de 120 millones disponible durante tres años y prorrogable dos más. Además, las entidades financieras han aprobado una nueva línea de avales de 500 millones.Además, dentro de esta nueva estructura financiera de la operación, los 75 millones que llegan desde el consorcio vasco , para sumarse a los 75 millones de la SEPI, serán aportados en su mayor parte por el fondo Ekarpen , que ha reforzado sus recursos para hacer frente a la operación. Ekarpen está integrado por el Gobierno vasco, Kutxabank, las tres diputaciones forales y Corporación Mondragón.No obstante, aún falta el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debe aceptar que no hay concertación entre el consorcio vasco liderado por Sidenor y la SEPI, pese a que la operación fue pactada en una reunión entre el propio presidente del Gobierno y el lendakari, Imanol Pradales. Si el supervisor del mercado aprecia concertación, ambos accionistas estarían obligados a lanzar una OPA por el 100% del capital. Además, aún se está a la espera de que la entrada de la SEPI en Talgo sea considerada ayuda de Estado y, por tanto, necesite también la autorización de la Unión Europea.
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