Las enormes dificultades que encuentran los jóvenes hoy en día para poder adquirir una vivienda tienen repercusiones más allá de su proyecto personal. Según los datos que hoy publica ABC, un joven tendría que dedicar 16 años de sueldo completo para comprarse una casa. Esta dimensión del esfuerzo personal que conllevaría adquirir una vivienda es incompatible con cualquier proyecto familiar. Aunque los ingresos permitieran abonar puntualmente las cuotas del préstamo, no serían suficientes para generar ahorro ni para animar a tener una familia con hijos. Lo que tradicionalmente era visto como una manifestación de estabilidad económica y progreso personal –la compra de una vivienda–, hoy amenaza con ser una fuente de frustraciones para muchos de los compradores. También influye en esta tendencia la identificación de vivienda con estabilidad, una cultura muy arraigada en España sobre la propiedad inmobiliaria, más aún si el alquiler es visto como un gasto sin retorno al patrimonio familiar y un foco de conflictos. Tener casa en propiedad equivale a seguridad económica y garantía para el futuro, aunque también es un factor de disuasión para la movilidad profesional. La alternativa del alquiler se describe por sí sola: precios disparados, arrendadores bajo sospecha, mercado inseguro. Según el Consejo de la Juventud, la compra de una vivienda se queda con el 64 por ciento del sueldo juvenil, pero el alquiler absorbería hasta el 90 por ciento.Y, más allá de estos aspectos económicos y personales, en la limitada capacidad –cuando no directamente la incapacidad– de los trabajadores y profesionales jóvenes para adquirir una vivienda aflora el problema de unos salarios bajos, tan bajos que obstruyen el ‘efecto ascensor’. La sociedad española, como toda sociedad europea, industrial y de servicios, debe garantizar la existencia y ampliación de sus clases medias, sin las cuales es muy difícil mantener la arquitectura de un sistema democrático saneado. Que una pareja no pueda comprar una vivienda no significa que quede excluida de la clase media, pero esta será la consecuencia si no hay una alternativa realista de vivienda en alquiler y si los salarios acaban prácticamente absorbidos por el coste de un hogar. La proyección política de este problema es evidente. Es una bandera de conveniencia para la izquierda, que se lamenta mucho por la falta de vivienda pública, pero no hace nada por remediarlo. Y es un asunto al que la derecha se acerca con temor, muy condicionada por su sentido liberal de la economía y temerosa de ser tachada de intervencionista. Sin embargo, cualquier partido liberal o conservador tendría que dar a la vivienda el carácter prioritario que merece, no solo porque gobernar exige crear condiciones favorables para el libre desarrollo de los ciudadanos, sino también porque es un impulso a la expansión de la clase media, donde se cultivan las ideologías moderadas y es la base de cualquier proyecto colectivo.Las tentaciones de topar precios, nacionalizar el mercado inmobiliario o castigar a propietarios, expresan la impotencia y sequía de ideas de sus defensores. Es preferible mejorar el trato fiscal a la vivienda, animar la oferta del alquiler protegiendo a los propietarios, reducir los laberintos administrativos para la construcción, abordar con determinación planes de vivienda pública –con esa calificación a largo plazo para evitar movimientos especulativos– y propiciar la promoción privada liberando suelo. No hay fórmulas mágicas para resolver este problema, pero hay que movilizar ideas y recursos para no crear una generación de jóvenes frustrados en su legítima aspiración de emanciparse y prosperar.
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