La deuda pública no es una magnitud mutualizable. La emiten los países para obtener financiación y son las administraciones públicas de cada uno de ellos, no sus ciudadanos, las que deben responder para atender las obligaciones de pago de intereses que se adquieren en las emisiones. Sin embargo, la deuda pública por habitante es una ratio de uso común, utilizada por instituciones internacionales y analistas para evaluar la salud de las cuentas públicas de los países .En España la ratio de deuda pública sobre el PIB se ha reducido progresivamente tras el fuerte crecimiento que experimentó con la pandemia, como se encarga de recordar y destacar con insistencia el Gobierno cada vez que se pone en cuestión el buen estado de las cuentas, pero no ha sucedido lo mismo con la deuda pública por habitante. Los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de Hacienda en la Cuenta General de la Administración General del Estado de 2024 revelan que esa ratio alcanzó el año pasado la cifra récord de 32.352 euros, un 3% más que en 2023 y un 41% más que en 2017, el último ejercicio contable completo antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.Noticia Relacionada estandar No El objetivo de España debería ser «tener superávit» y no solo cumplir con Bruselas, advierten los economistas Xavier Vilaltella El Consejo General de Economistas prevé que en 2025 el PIB crecerá un 2,4% y la inflación se situará en torno al 2,2%En apenas siete años, la cuenta virtual de la deuda a la que tendría que hacer frente cada ciudadano si el Reino de España no pudiera cumplir con los compromisos adquiridos con sus acreedores y fueran los ciudadanos los que tuvieran que saldar ese descubierto se ha ensanchado en más de 9.000 euros -desde los 22.960 en que se situaba en 2017- y ello a pesar de que el número de ciudadanos entre los que se reparte se ha incrementado en nada menos que 2,3 millones.La evolución de este marcador de salud financiera de las administraciones públicas no hace otra cosa que reflejar el fenomenal incremento del gasto público que se ha experimentado en España en los últimos años, maquillado en las cifras de déficit por el no menos espectacular incremento de los ingresos pero que ha despertado la inquietud de organismos internacionales, agencias de rating e incluso de la propia Autoridad Fiscal española (Airef) por los problemas de sostenibilidad que puede generar a futuro.Los datos de Hacienda muestran que la Administración del Estado gastaba algo menos de 283.000 millones de euros en 2017, tras una dura travesía por el desierto de cerca de una década para poner las cuentas en orden tras los excesos de la burbuja inmobiliaria, mientras que en 2024 reconoció obligaciones de pago por cerca de 410.000 millones de euros, 127.000 millones de euros más en siete años.El efecto de la pandemiaLa pandemia y las inéditas necesidades de gasto que puso de manifiesto en forma de prestaciones sociales, coberturas salariales, ayudas a las empresas y compras masivas de material médico y de protección para contener el fenómeno explican una parte de ese crecimiento, pero los datos de Hacienda muestran que también han podido actuar como coartada para una espiral sin precedentes de gasto público.Al cierre de 2020 la deuda por habitante había repuntado hasta los 26.900 euros tras aumentar en casi 3.000 euros en un solo año. Entre 2021 y 2024, ya tras la pandemia, la deuda virtual imputable a cada ciudadano ha aumentado en 5.500 euros más, en un periodo en que la población ha crecido en casi dos millones de personas.El ingreso que el Estado obtiene por cada residente ha aumentado un 33%, pero el gasto por cabeza lo ha hecho un 42%Ese año 2020 el gasto por habitante en que incurrió la Administración del Estado experimentó, en efecto, un salto cuantitativo sin precedentes, desde el entorno de los 6.000 euros per cápita en que había permanecido desde la crisis financiera, con pequeñas fluctuaciones, hasta los 7.300 euros. En aquellos días analistas e instituciones como la Airef expresaron su inquietud respecto que ese esfuerzo extra en el gasto público, aparentemente transitorio, terminara por consolidarse y tensar las cuentas públicas a futuro. La evolución del gasto por habitante que muestran los datos de la Intervención General del Estrado revelan que ese temor estaba más que justificado.Tras el salto cuantitativo sin precedentes que el gasto público y, por consiguiente, el marcador del gasto per cápita vivió en 2020, en los años siguientes lejos de contenerse o bajar este continuó al alza, hasta el punto de alcanzar los 8.324 euros por persona en 2024, un máximo histórico.Los ingresos no alcanzanY no solo es que el gasto per cápita haya continuado una firme tendencia al alza tras el esfuerzo supuestamente transitorio de la pandemia y pese al fuerte incremento de población experimentado en estos últimos años, sino que además se ha desterrado la práctica de prudencia presupuestaria de que los gastos per cápita se situaran en línea o por debajo de los ingresos per cápita, que se instauró durante los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera para tratar de volver a poner las cuentas en orden.El pasado año 2024 el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado medido en términos por habitante marcó su máximo tras la crisis financiera. Por cada uno de los más de 49 millones de residentes en España el Estado gastó 370 euros más de lo que ingresó . Entre 2012 y 2018, en nada menos que cinco ejercicios los ingresos por habitante superaron al gasto por habitante (ver gráfico).El incremento de la deuda per cápita se interpreta como una señal de deterioro de la capacidad de pago del paísEntre el último ejercicio contable completo con un gobierno del PP, el de 2017, y el pasado año 2024 el gasto por habitante se ha incrementado en nada menos que un 42%. También han aumentado, y de forma muy significativa, los ingresos por habitante que obtiene el Estado en un contexto de subidas de impuestos y espiral inflacionista que también ha contribuido a un mayor rendimiento fiscal, pero lo han hecho en un 33%.Puesto en euros contantes y sonantes, desde el inicio de la era Sánchez el Estado ha incrementado en 1.969 euros los ingresos que obtiene por cada habitante y en 2.476 euros el gasto público en que incurre por cada habitante. En 2017 el superávit por habitante era de 137 euros, en 2024 el déficit fue de 370 euros.Referente de solvenciaLa deuda per cápita no es la métrica de referencia a la hora de medir la salud financiera de un país o el nivel de incertidumbre sobre su sostenibilidad futura, ya que lo habitual es que se utilice más el déficit o la deuda sobre PIB pero eso no implica que sea irrelevante. El hecho de que la regulación contable exija a todas las administraciones públicas españolas actualizar anualmente esta ratio se explica porque es uno de los parámetros que las agencias de calificación observan a la hora de medir la solvencia futura de un país. Así lo explica el Corporate Finance Institute: «Si la deuda neta per cápita es menor, el riesgo de impago es menor y la calidad de los bonos es mayor».La utilidad de este parámetro se explica porque se entiende que las necesidades de capital de un país se incrementan cuando crece la población y esta ratio sirve para medir si el endeudamiento crece al mismo ritmo que el incremento de la población, lo que se considera como el estándar de normalidad, o por encima, lo que se interpreta como una situación de mayor riesgo en términos financieros, que podría afectar a su capacidad de pago a futuro o llevar a una mayor carga fiscal sobre los ciudadanos.
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