Bosco Martínez-Bordiú ha vuelto a Honduras como concursante de ‘Supervivientes All Stars’. Allí luchará contra otros nueve exparticipantes del formato de supervivencia por convertirse en el auténtico ‘rey’ del reality show. Y cuenta con el favor del público. El pasado jueves, con motivo de los míticos saltos inaugurales, el joven salió victorioso en una votación para decidir quién había sido el que mejor había saltado, lo que evidencia que aún cuenta con muchos de esos seguidores que le hicieron ganador en ‘Supervivientes 2023’ -obtuvo el 61% de los votos frente a Adara Molinero , su también contrincante en la vigente edición-.Ajeno a todo lo que ocurre en el exterior, ha trascendido una información que afecta a su núcleo familiar. Y es que, según publica ‘El Día de Segovia’, la madre del concursante, Clotilde Martínez-Bordiú , ha aceptado dos años de prisión por «haber empleado irregularmente y haber explotado laboralmente a cuatro trabajadores en una finca de su propiedad en Muñopedro». Apuntan que la sobrina de Cristóbal Martínez-Bordiú , marqués de Villaverde, admitió los hechos -que tuvieron lugar entre 2019 y 2021-, a principios de este mes, en la Audiencia Provincial de Segovia . Noticias Relacionadas Britney Spears se reconcilia con sus hijos tras años de disputas: «Miran juntos hacia el futuro» Aarón Espí La Princesa Ana de Inglaterra sufre amnesia y se mantiene hospitalizada tras su accidente A.B. BuendíaSegún la Fiscalía, la madre de Bosco Martínez-Bordiú conocía la situación en la que se encontraban los dos matrimonios que ‘contrató’ en su finca Monte Acedos -no tenían permiso de trabajo ni de residencia- y, según señala el citado medio, «se aprovechó de sus circunstancias y de la necesidad imperiosa que tenían de trabajar para poder sobrevivir». Aunque no solo eso. El ministerio fiscal denuncia que estaba sucediendo una situación de explotación al «trabajar todos los días de la semana desde las siete de la mañana hasta la una del mediodía y desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche sin vacaciones ni descansos semanales». Un trabajo por el que cobraban «900 euros en metálico» puesto que no tenían un contrato firme y, por ende, tampoco figuraba su alta en la Seguridad Social. Despido por embarazoDurante el juicio, una de las víctimas aseguró que mientras trabajaba sufrió daños en un ojo y que le instaron a que no dijera a los servicios sanitarios que había sido mientras se encontraba trabajando. Una situación similar a la que vivió cuando se lesionó la rodilla cunado se dispuso a abrir una jaula durante una actividad de tiro al pichón. Y aunque pidió -sin que se le hiciera caso- que le proporcionasen equipos de protección, siguió en el trabajo porque «necesitábamos el empleo. Estaba nuestro hijo y no teníamos otro sustento». Por su parte, su esposa, que se encargaba de limpiar la vivienda y de las labores de jardinería, declaró que «me despidieron porque me quedé embarazada».Pese a que Clotilde Martínez-Bordiú aceptó su condena de dos años de prisión, no ingresará en la misma a no ser que vuelva a perpetrar otro delito y siempre que se pague la cantidad que se la ha impuesto en concepto de responsabilidad civil: 10.8111 euros a cada integrante de uno de los matrimonios que empleó de manera irregular, 5.026 euros a cada miembro del otro matrimonio, 9.130 euros a la Seguridad Social y 12.000 a las víctimas por los daños morales sufridos. Desde el diario aseguran que esta responsabilidad civil será pagada, solidariamente, por el alcalde de Muñopedro en caso de que sea condenado -no admite su culpa-.
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