Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 , figuraba en un listado de prejubilados de la empresa bodeguera González Byass. Con derecho a cobrar una póliza de 386.181 euros «para su uso y disfrute» —según la Guardia Civil— a costa de los andaluces porque era trabajador en excedencia de la firma jerezana desde el año 1983, cuando decidió dedicarse a la política. Siendo él el máximo responsable de la Consejería que repartía las ayudas fraudulentas, sus subordinados al frente de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y Juan Márquez, concedieron subvenciones por una suma total de 19.757.235 euros al antiguo patrón de Fernández . El plan era que empezara a percibirla en 2012, pero en medio se detonó la investigación del caso ERE, que puso contra las cuerdas al Gobierno de José Antonio Griñán del que formaba parte . Y hubo cambio de planes. Fernández renunció a cobrar la ayuda que le habían procurado quienes estaban a sus órdenes. No suscribió el boletín de adhesión a la póliza subvencionada de la compañía Generali España S.A. por lo que no percibió cantidad alguna.Noticia Relacionada estandar Si Alcaldes del PSOE recibieron ayudas del fondo opaco de los ERE antes de las elecciones Antonio R. Vega Invernaderos fantasma y un centro ecuestre inexistente, entre los proyectos financiados por la Junta socialistaFernández, que cumple su pena de siete años y once meses de prisión por prevaricación y malversación en el caso ERE en la prisión de El Puerto III, defendió su derecho a cobrar la prejubilación concedida a sí mismo por haber trabajado en González Byass desde 1971 y 1983. «Me pertenecía y no la quise porque no me dio la gana» , llegó a declarar en el año 2012, cuando compareció en la comisión de investigación del Parlamento andaluz para depurar las responsabilidades políticas sobre el irregular sistema de ayudas sociolaborales. La juez que inició la causa de los ERE, Mercedes Alaya , considera que renunció porque había estallado el escándalo. Lo hizo días después de ser imputado, según la magistrada, quien sospechaba que su inclusión en el expediente era una contrapartida de su antigua empresa como premio por haberle dado la ayuda.Con la fecha de su nacimiento por errorEn su ficha como extrabajador, apareció la fecha de su nacimiento, el 15 de julio de 1956, en lugar de la fecha de ingreso en la compañía. Como si hubieran nacido en la propia bodega. Fue un error de transcripción que llamó la atención de la Guardia Civil y dio mucho juego a las crónicas periodísticas. « No quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí », aseguró años después ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla que lo condenó junto a los expresidentes Manuel Chaves y Griñán. A Alaya no la convenció. A la misma hora que los nazarenos se preparaban para hacer sus estaciones de penitencia en Sevilla en abril de 2012, la juez lo envió a la prisión. Fue el primer exconsejero andaluz de la democracia que entraba en la cárcel. Tampoco el magistrado que ahora instruye el caso ERE cree que las ayudas a González Byass, como al resto de empresas fueran legales. Se «habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales , al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido», detalló el magistrado José Ignacio Vilaplana. Cuando llegó al cargo en 2004, su paisano José González Mata se convirtió en el principal mediador de los ERE , acaparando el negocio de todas las pólizas subvencionadas por la Junta. La Guardia Civil asegura que eran «compadres», aunque ambos negaron esta relación. La Junta aportaba sin control el dinero, el lubricante que ponía a funcionar todo el sistema. Las ganancias eran astronómicas. Solo por tramitar el ERE de la empresa Delphi, la mediadora de su paisano ingresó 4,19 millones. El borrador de sentencia redactado por la magistrada Inmaculada Montalbán, que el Tribunal Constitucional estudiará el próximo martes 2 de julio, propone exonerar parcialmente a Fernández del delito que lo mantiene en la cárcel.
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