La escalada inflacionista sin parangón en los últimos cuarenta años vivida en 2022 desencadenó una rápida reacción de política fiscal de un puñado de comunidades autónomas que decidieron actualizar su tarifa de IRPF y sus mínimos personales y familiares para evitar que el IPC hiciera mella en las rentas de sus contribuyentes o al menos amortiguar ese efecto.Se trataba de limitar el impacto de la llamada progresividad en frío , el fenómeno según el cual un incremento nominal de las retribuciones dinerarias de los contribuyentes (5,8% en el año 2022, según la estadística de los declarantes de IRPF difundida ayer por la Agencia Tributaria) se traduce en un incremento de sus cargas fiscales por mucho que no hayan ganado renta en términos reales, como sucedió en ese ejercicio, en el que la inflación real fue del 8,4%, dando como resultado un saldo mucho más favorable para la Hacienda pública que para los contribuyentes.Noticia Relacionada estandar No Las rebajas de impuestos de las CC.AA. del PP hunden la aportación fiscal de las herencias Bruno PérezLa operación fiscal realizada ese año 2022 por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia no fue suficiente para blindar el poder adquisitivo de sus contribuyentes frente al impacto de la inflación, pero sí sirvió para aliviar su carga fiscal respecto a sus vecinos de otras comunidades autónomas y también para extender una singularidad que hasta ese año solo se daba en la Comunidad de Madrid: en 2022 ya fueron cinco las comunidades autónomas que garantizaron a sus contribuyentes un pago más reducido por el tramo autonómico que por el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta. Se trata, además, de la Comunidad de Madrid, de varias que deflactaron sus tarifas como Andalucía, Galicia y la Región de Murcia, y de Castilla y León cuyas reformas previas ya le habían llevado a esa situación.Siete millones de beneficiariosDesde la reforma de la financiación autonómica de 2001, el Impuesto sobre la Renta está dividido en dos tramos, un 50% cuya recaudación y gestión corresponde al Estado y un 50% cedida a las comunidades autónomas, que pueden modificar el número de tramos, las tarifas, los tipos, los mínimos personales y familiares o incluso establecer deducciones.Aunque tardaron en aplicar sus competencias, a día de hoy ya no hay una sola comunidad autónoma de régimen común (las forales tienen su propio sistema) que mantenga la escala estatal del impuesto y la carga fiscal por IRPF es diferente en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Sin embargo, hasta el año 2022, solo en la Comunidad de Madrid el resultado del ejercicio de esas competencias se traducía en que los contribuyentes pagaran de media una cuota por IRPF más baja de la que resulta de la aplicación de la escala estatal. En otras palabras, que la mayoría de las autonomías habían utilizado sus competencias normativas para obtener más recursos del IRPF.El panorama cambió de forma radical en 2022 . Los datos proporcionados ayer por la Agencia Tributaria revelan no solo que hay cerca de siete millones de contribuyentes (andaluces, gallegos, castellano leoneses, madrileños y murcianos) que pagan menos impuestos a su comunidad autónoma que a la Hacienda del Estado sino que ese año fue el primero desde que el Gobierno del Estado retirará las subidas fiscales excepcionales aplicadas durante la era de los ajustes en 2015 en que la cuota líquida media pagada al Estado fue superior a la pagada en conjunto a las comunidades autónomas: 3.469 euros frente a 3.449 euros, cuando el ejercicio anterior la cuota líquida media estatal había sido de 3.312 euros y la autonómica de 3.334 euros.El informe de la Agencia Tributaria también permite estimar que las rebajas fiscales aplicadas por los gobiernos autonómicos del PP ahorraron entre 45 y 363 euros a los contribuyentes de esas regiones respecto a lo que habría resultado de no haber hecho nada. En general, los contribuyentes pagaron una cuota media de IRPF 272 euros más elevada que el año anterior .
Leave a Reply